• Admitieron que si bien la Ley es contradictoria y continua criminalizando aún podría aprobarse en tiempos legislativos e ir trabajando en adecuaciones posteriores.

Por: Redacción/

Los Directivos del Consejo Cannábico Nacional (CCN), aseguraron que la decisión del Senado de la República de postergar hasta septiembre la discusión para ratificar la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, aprobada por los diputados en marzo pasado, con el argumento de que existen inconsistencias en la normativa, acentuará el control del narcotráfico sobre el comercio legal y prolongará el sufrimiento de 18 mil reos detenidos por portaciones mínimas de cannabis.

Asimismo, es un retroceso y pérdida de tiempo para México quien como nación no avanza en la materia pues quedaría sin regulación el cannabis industrial impidiendo su desarrollo en el país, agregaron Silvia Guillen como Presidenta Nacional y Alfredo Neme Martínez como Representante en el extranjero del CCN.

En entrevista en medios, admitieron que si bien la Ley es contradictoria y continua criminalizando aún podría aprobarse en tiempos legislativos e ir trabajando en adecuaciones posteriores, de tal suerte que hicieron un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a no aceptar prórrogas y obligar a los Senadores a cumplir con sus labores legislativas.

Es muy importante corregir las inconsistencias pero lo es más el contar con una regulación que comience por reparar los daños colaterales provocados por más de cien años de políticas prohibicionistas que han resultado en una crisis de seguridad pública nacional y especialmente liberar el cannabis industrial.

Alfredo Neme Martínez como Representante en el extranjero del CCN, indicó que tanto la propuesta de ley, como la ley de cannabis medicinal y su reglamento recién publicado, forma parte de un sistema que criminaliza y trata a los ciudadanos como menores de edad.

El prohibicionismo y su aplicación coercitiva sólo se entiende por los intereses de seguir manteniendo agencias de investigación y procuración de justicia, cuerpos policiacos y castrenses, protección de interese en el sistema penitenciario y en la industria armamentista.

Además de proteger los intereses de la industria farmacéutica al controlar el mercado legal de sustancias psicoactivas.

Así pues, la producción y la industria no debe ser controlada a modo por intereses económicos de cabilderos e industrias tabacalera o farmacéutica; es momento de incluir las opiniones de todos los sectores con el fin de que la industria del cannabis genere empleos y se cierre a la clandestinidad, consideró Alfredo neme Martínez.

Insistió junto con Silvia Guillén, Presidenta del Consejo Cannábico Nacional en el gran potencial del cannabis legal como generador de empleos de tal suerte que el uso industria y el uso lúdico o adulto es una oportunidad real con gran mercado.

Y es que debemos ser más eficientes que el mercado negro y el mercado gris para garantizar el acceso de todo individuo a estupefacientes y sustancias psicotrópicas para usos médicos y científicos; y garantizar la legalidad para producir, transformar, comercializar y consumir para uso industrial y uso adulto.

Lograr que los consumidores opten por un producto regulado, seguro, asequible y de calidad, agregaron.

Lo más importante en estos momentos es disminuir la crisis de seguridad pública ya que por lo menos unas 18 mil personas detenidas por portar menos de 28 gramos de cannabis podrían ser liberadas de oficio.

Al ver que no será promulgada la ley próximamente, se mantendrá el costo a los mexicanos de mantener encarcelados a los 18 mil reos, considerando que cada uno le cuesta al sistema penitenciario alrededor de 3,500 pesos por día, pero ahora se elevará a más de mil 800 millones de pesos por mes.