Por: Redacción/

Con un minuto de silencio que solicitó al Pleno del Senado, la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, culminó su posicionamiento en torno al proyecto para considerar a la prevención y control del suicidio como materia de salubridad general.  

La legisladora agradeció a todos los Grupos Parlamentarios, así como a las organizaciones que acompañaron el dictamen, porque más allá de cualquier color o interés, las senadoras y senadores, todos, se unieron para que se pueda abordar interdisciplinariamente “este terrible mal que lo padecen los niños, los adolescentes, mujeres, hombres y adultos mayores”.  

Advirtió que el suicidio está en todas partes, en la familia, a nuestro alrededor “y muchas veces no nos damos cuenta y tampoco se daban cuenta los doctores, ni los maestros ni especialistas porque ni siquiera hay protocolos” para poder atenderlo.  

Destacó que las reformas a diversos artículos de la Ley General de Salud se trabajaron bajo el esquema de Parlamento Abierto, lo que permitió abrir la puerta para atender a quienes enfrentan este problema. 

Al fijar su postura, Fernández Balboa relató: “yo tenía una rosa y esta rosa como todas las rosas era bella, espléndida, generosa, inteligente, amorosa y lo único que hacía a su paso era darnos amor a todos los que estaban a su alrededor”. 

“Esta Rosa desde hace muchos años me decía que tenía todo en la vida, unos hijos, un marido y una familia que adoraba, que no podía pedir nada más, porque estaba plena; sin embargo sentía en su corazón un deseo intenso de suicidarse (…) y una de las cosas que siempre me pidió era que hiciéramos algo por la gente como ella, que no contaba con un diagnóstico y una mejor calidad de vida”.  

Así, el Pleno del Senado de la República aprobó con 85 votos a favor las reformas para la prevención y control del suicidio, así como la asistencia por lesiones autoinfligidas con el propósito de perder la vida, sean consideradas materia de salubridad general. 

El dictamen recoge las iniciativas que presentaron la presidenta del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, y la senadora Verónica Martínez García, del PRI.  

Dispone que la disminución de la incidencia de este fenómeno mediante la prevención, asistencia y “postvención” de las acciones autodestructivas serán de competencia concurrente federal, estatal y municipal.   

El proyecto establece las definiciones para operar la norma, entre ellas, la postvención que son las acciones posteriores a la consumación del suicidio para el tratamiento de los familiares de la persona que ha perdido la vida, o de la víctima de la tentativa de suicidio y sus familiares.  

De acuerdo con el dictamen, la Secretaría de Salud podrá ordenar la elaboración e implementación del Programa Nacional de Prevención del Suicidio y los gobiernos de las entidades federativas elaborarán y ejecutarán sus respectivos planes en congruencia con dicho Programa.   

También crea el Consejo Nacional para la Prevención del Suicidio, integrado por el Secretario de Salud, quien lo presidirá; los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, cuyas atribuciones tengan relación con el objeto del Consejo, así como por representantes de organizaciones sociales y privadas relacionadas con el tema.  

Además, de elaborar el Programa Nacional, el Consejo realizará el protocolo de atención ante situaciones de riesgo, así como el de su tratamiento posterior a cargo de las instituciones públicas e individuos del entorno familiar, laboral, educativo y social de la persona con tendencia autodestructiva.   

La asamblea incorporó una propuesta del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, para añadir un artículo segundo transitorio, a fin de que el Consejo Nacional se instale en un plazo no mayor a 180 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del decreto. 

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Salud, Miguel Ángel Navarro Quintero, afirmó que de manera alarmante se multiplican los suicidios, un fenómeno que implica aspectos de carácter social, familiar, biológico y económico.  

A nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Ana Lilia Rivera Rivera, afirmó que este tema había sido históricamente minimizado por el Estado y la sociedad, en parte por desconocimiento y el estigma que genera para quienes sufren algún padecimiento mental.  

Por el PT, la senadora Nancy de la Sierra Arámburo indicó que la reforma que hoy discuten es crucial para proteger la salud mental de la sociedad mexicana y fundamental para salvar la vida de quienes se encuentran en peligro.   

La senadora Patricia Mercado aseguró que las y los senadores de Movimiento Ciudadano  votarán a favor, porque consideran que es una importante reforma legal para sentar las bases de una estrategia para enfrentar las causas que han provocado un aumento de la prevalencia del suicidio. 

El senador Juan Antonio Martín del Campo, del PAN, refirió que en años recientes se registraron más de 83 mil muertes y que Aguascalientes, su estado natal, encabezó la lista por esa causa a nivel nacional. “Hoy necesitamos apostarle a la prevención del problema para abatir su incidencia, y deben involucrarse en ello los tres niveles de gobierno”, planteó. 

El senador Juan Ramón Enriquez Herrera, de Morena, destacó que se le va a poner rostro humano a una política pública que va a dar resultados, lo cual será a través de un programa nacional de suicidios y sus protocolos para situaciones graves.   

La senadora del PRI, Verónica Martínez García, aseguró que con las reformas se establecen las bases para que las 32 entidades federativas puedan coordinar protocolos de prevención y control del suicidio. 

En su intervención, la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del PAN,  aseguró que es necesario lograr la prevención desde la adolescencia, por lo que es urgente difundir y hacer conciencia sobre la importancia de atender la salud mental desde todos los ámbitos del gobierno.  

Luego de su aprobación en lo general y en lo particular, el proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados para sus afectos constitucionales.