Por: Redacción/

El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarrama, afirmó que en las leyes secundarias de la Guardia Nacional se busca un equilibrio para garantizar el respeto a los derechos humanos y evitar que el uso desmedido de la fuerza, por parte del Estado, derive en represión.

Confirmó que el grupo de trabajo, conformado en el Senado de la República para el análisis de la legislación secundaria de la Guardia Nacional, recibió dos documentos técnicos de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Se trata de tener los puntos de vista que permitan estar de acuerdo con las convenciones que ha firmado México” en materia de derechos humanos, expresó el senador entrevistado en un programa de radio.

Batres Guadarrama recordó que dos de las leyes secundarias de la reforma constitucional tienen que ver con este tema: la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones.

En el primer caso, agregó, “se trata de ubicar los límites al uso de la fuerza para que no haya un uso desmedido por parte de los aparatos del Estado”; que no se puedan dar ni se justifiquen situaciones de represión como en 1968, y que existan condiciones para asegurar el respeto a los derechos humanos.

Será una discusión interesante, asentó, porque al mismo tiempo dichos instrumentos legislativos tienen que ver con la seguridad y la protección de los ciudadanos, pero también tienen que guardar los equilibrios en el uso de la fuerza.

Martí Batres detalló la agenda del periodo extraordinario de sesiones, que inicia mañana, 8 de mayo, para que el Senado y la Cámara de Diputados desahoguen, exclusivamente, la reforma educativa.

Los senadores también se ocuparán del proceso legislativo para expedir la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la Ley Nacional del Registro de Detenciones y la Ley de la Guardia Nacional, así como las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Además, el Senado abordará la legislación reglamentaria en materia de extinción de dominio, la reforma constitucional en materia de paridad de género y la reforma sobre trabajadoras del hogar.