Por: Redacción/

La impunidad del tipo penal de violencia política contra las mujeres alentó la comisión de agresiones contra mujeres que aspiraban a ejercer un cargo de elección popular, lo que es una clara violación de sus derechos político-electorales, resaltó la senadora Nancy De la Sierra Arámburo al presentar una iniciativa para tipificar y sancionar este tipo de violencia.

La integrante del Grupo Parlamentario del PT señaló que en los últimos años la participación de las mujeres en la vida pública y política ha provocado un efecto negativo en ciertos sectores de la sociedad, por lo que resulta necesario implementar acciones que rediseñen el actuar de las autoridades frente a este tipo de conductas.

Para ello, Nancy De la Sierra propuso la modificación de diversos artículos de la Ley General en Materia de Delitos Electorales para tipificar la violencia política contra las mujeres, definiéndola como aquellos actos y omisiones que limitan, condicionan, excluyen, impiden o anulen el ejercicio de los derechos políticos-electorales éstas por razón de su género.

En el capítulo de sanciones, se establece que a los servidores públicos que cometan violencia política contra las mujeres se les impondrá la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, local o municipal de dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo.

Asimismo, se plantea imponer una multa de cien a cuatrocientos días de multa y prisión de tres a siete años, a quien impida, limite o coaccione el ejercicio de los derechos políticos de una mujer por razones de género.

Al fundamentar la iniciativa, Nancy de la Sierra, resaltó que no se pueden pasar por alto los asesinatos de las mujeres aspirantes a cargos públicos en el proceso electoral 2017-2018.

“En la pasada contienda se tuvieron 185 agresiones contra mujeres que se desempeñaron como candidatas, de las cuales 19 fueron víctimas de feminicidio político. Cabe señalar que las referidas cifras sólo representan las agresiones registradas”, mencionó.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas Para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y posterior dictamen.