Por: Redacción
La senadora Angélica de la Peña, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó una iniciativa de reforma al artículo 102, y los artículos Décimo Sexto y Décimo Noveno Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones de la Constitución, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.
Se propone incorporar en los requisitos para ocupar el cargo de titular de la Fiscalía General de la República, los siguientes criterios de selección: independencia, honradez, alta calidad moral y compromiso con la protección de los derechos humanos.
Detalló que la propuesta fue elaborada por representantes de la academia y colectivos que agrupan a diversas organizaciones civiles, que impulsan una campaña con el lema “Por una Fiscalía que Sirva”.
Explicó que las organizaciones consideran de suma importancia que se establezca un proceso de selección transparente y público, en el que se garantice la participación de la sociedad civil.
Se proponen adiciones al artículo 102, a fin de que existan bases mínimas para la legislación secundaria, como: clarificación de competencia y facultades de atracción de la Fiscalía General de la República; el deber de realizar una investigación efectiva y diligencia.
También un área especializada en violaciones graves a derechos humanos; la obligación del fiscal de contar con un plan de persecución penal acorde a la competencia de la Federación; mecanismos de evaluación y control disciplinario que garanticen un adecuado y transparente ejercicio de la función con la supervisión adecuada; y la autonomía de servicios periciales.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado dijo que ésta es una oportunidad histórica para combatir de fondo, bajo un nuevo modelo la corrupción, la impunidad y los delitos que implican graves violaciones a derechos humanos.
En los transitorios, se establece que al cumplir un año de funciones, el Fiscal General presentará a una comisión designada por el Pleno del Senado, un plan de transición institucional, donde especifique los programas de depuración de causas del sistema inquisitivo mixto, el de reorganización institucional, de servicio profesional de carrera, presupuestario y de cumplimiento de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y resoluciones federales e internacionales por graves violaciones a derechos humanos.
“Los transitorios, que están planteando las organizaciones en esta iniciativa, refrendan su inquietud respecto de que no haya pase automático”, refirió la senadora De la Peña Gómez.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación, de Reforma del Estado, de Estudios Legislativos Primera, de Estudios Legislativos Segunda, de Asuntos Migratorios y de Derechos Humanos para su análisis.
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