Por: Redacción

Dentro de la Comisión de Defensa Nacional, en la discusión del dictamen en comento, la mayoría de los Partidos votaron a favor, siendo el Partido de la Revolución Democrática (PRD) el único que votó en contra y mantuvo 45 reservas para su discusión y el único Partido que promovió la moción suspensiva, situación que permitió el debate de dicho dictamen en el pleno de la Cámara de Diputados. Convirtiéndose en el único Partido que se manifestó de esta manera y tomó acciones parlamentarias al respecto.

La diputada Cristina Iseme Gaytán Hernández  dijo que tal como está redactado el Código Militar de Procedimientos Penales, se faculta a los juzgados militares para cometer actos de molestia tales como el cateo de un domicilio civil, la intervención de  telecomunicaciones privadas y la presentación de civiles “Es decir, que en un proceso militar los civiles estamos sujetos a estos actos”

Calificó de grave la situación porque no contempla a las víctimas en términos de lo establecido en la Ley General de Víctimas, sino que establecía que las únicas víctimas son las directas y su único derecho es la reparación monetaria del daño. “Por lo tanto, estos procedimientos no establecen que una víctima indirecta civil requiera la reparación integral del daño y serían ignorados por la justicia militar” señaló la perredista.

También mencionó que a su partido le preocupan las Fuerzas Armadas, que reconocen “el gran esfuerzo que desempeñan en labores de seguridad pública y que les fueron encomendadas de manera ilegal, las están desgastando, las exponen innecesariamente a conflictos con la sociedad civil. Es por ello, por esta preocupación que hemos hecho las propuestas de modificación en las Comisiones,  es por esto que estas 41 reservas y modificaciones que se han presentado, nos parece, abonan a perfeccionar el dictamen propuesto”.

De las 45 reservas que presentó el PRD, lograron mantener 41, estas modificaciones incluyen la reparación integral del daño para las víctimas, el uso del Registro Administrativo de Detenciones por parte de los militares cuando realicen detenciones, el ceñirse a la Ley General de Acceso a la Información Pública, el que los inculpados puedan solicitar un juicio abreviado y no dejarlo solamente en la facultad del Ministerio Público Militar.

El GPPRD permanció bajo la postura de que las reservas que no se lograron eran indispensables para fortalecer el respeto por los derechos humanos; advirtiendo que de votar a favor, los cateos, las intervenciones de comunicaciones y  la presentación de civiles a juicios militares podrían ser utilizados a discrecionalidad.

El PRD votó en contra de dichas inclusiones al Código Militar de Procedimientos Penales y Código de Justicia Militar; manifestando que, a reserva de esperar el propio proceso que dicho dictamen tendrá en la Cámara de Senadores, el GPPRD promovería una acción de inconstitucionalidad para que estas violaciones a derechos humanos no se puedan ejercer. Por lo que es falso, como en algunos medios se sugirió, que en el PRD hayamos votado a favor de disposiciones violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los derechos humanos.