• Anunció que su grupo parlamentario solicitará la comparecencia del titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, para que explique el por qué procedió a “congelar” las cuentas bancarias del municipio de Delicias, Chihuahua.

Por: Redacción/

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que es preocupante que el Gobierno Federal utilice a la Guardia Nacional y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda para reprimir e intimidar a productores agrícolas y servidores públicos de Chihuahua que están luchando por la defensa del agua.

Asimismo, anunció que su grupo parlamentario solicitará la comparecencia del titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, para que explique el por qué procedió a “congelar” las cuentas bancarias del municipio de Delicias, Chihuahua, así como de funcionarios de ese gobierno local y de productores agrícolas que están defendiendo el agua de las presas.

“Vamos a convocar a Santiago Nieto para que explique en la Cámara de Diputados, cómo es que están actuando, porque no deseamos instrumentos represores ni intimidatorios. De la noche a la mañana empezaron a tomar decisiones que no compartimos y que merecen ser explicadas al pueblo de México”, dijo en conferencia de prensa virtual.

El diputado Romero Hicks subrayó que es preocupante el uso que se le está dado a la Guardia Nacional, porque se creó con el propósito de combatir al crimen organizado, “no para reprimir a las personas que se juegan la vida por el agua”.

También dijo que “preocupa la ineptitud de un conjunto de funcionarios del Gobierno Federal”, particularmente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que ha provocado el conflicto, y que hasta el momento no han salido a dar la cara, ni mucho menos dialogado.

Recordó que diputados de su bancada han invitado al titular del Ejecutivo a dialogar, “y hoy lo que estamos viendo es un Presidente escondido, regañando desde las (conferencias) ‘mañaneras’, cargado del virus del odio y de la soberbia”.

El diputado Mario Mata Carrasco sostuvo que el conflicto por el agua no obedece a que Chihuahua esté en contra del Tratado Internacional de Aguas firmado entre Estados Unidos y México, en 1944, sino a “una muy mala administración de la actual Conagua”.

“En los años 2017, 2018, 2019 e incluso este 2020, ha habido suficiente volumen para pagar el Tratado, sin embargo, esta Conagua ha privilegiado intereses ocultos, políticos, del bajo (río) Bravo, y en el cual se lleva el agua de Chihuahua para satisfacer esas necesidades que no son el compromiso con Estados Unidos”.

Argumentó que el asesinato de Jessica Silva evidencia que la Guardia Nacional no tiene la formación para ser una policía preventiva, “sino que ahora se está utilizando sobre todo para atacar a los ciudadanos”.

Reprobó que la UIF haya congelado las cuentas bancarias del municipio de Delicias y de su alcalde, así como de productores agrícolas; “se está viendo que se utiliza (a la Unidad) como un arma política”.

“Reprobamos totalmente que no se quiera resolver un problema y, sobre todo, exigimos que se retire el Ejército y la Guardia Nacional de la infraestructura hidroagrícola de Chihuahua, que se vuelva a establecer el Estado de derecho y, sobre todo, que volvamos a tener paz, tranquilidad”, finalizó.

En el encuentro a distancia también participaron los senadores por Chihuahua, Mauricio Kuri González y Gustavo Madero Muñoz; el diputado local de Chihuahua, Jesús Valenciano García; el alcalde de Delicias, Eliseo Compeán Fernández; el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, y el presidente de la comisión política nacional de ese partido, Santiago Creel Miranda.

Los políticos panistas llamaron al Ejecutivo Federal a abrir inmediatamente el diálogo con los productores agrícolas y con el gobierno de Chihuahua, para resolver el conflicto por el agua, así como a retirar a la Guardia Nacional de las inmediaciones de las presas, para evitar más pérdidas humanas, violencia y polarización social.

Asimismo, expresaron su total respaldo a las personas que se mantienen en lucha por la defensa del agua, la cual calificaron como legítima y no manipulada, al tiempo que condenaron el ataque a balazos al matrimonio de Jessica Silva y Jaime Torres, que terminó con la vida de la primera, en el marco de las protestas y conflicto por el agua.