Por: Redacción/

Previo a las modificaciones que se proyecta realizar desde el Ejecutivo Federal para endurecer las sanciones contra empresas “fantasma”, y la defraudación fiscal (que sería equiparada con “delincuencia organizada”); además de las advertencias de expertos en el sentido de que se corre el riesgo de incurrir en injusticias, violaciones legales, a garantías individuales y consecuencias sobre el desarrollo económico del país; el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) presentó una proposición con Punto de Acuerdo para exhortar desde la Cámara de Diputados al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a que inicie el proceso de nombramiento del o la titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

Antonio Ortega Martínez, secretario de la Comisión de Hacienda e integrante en la de Presupuesto en este recinto legislativo, alertó que aun cuando la Prodecon ha sido fundamental para proteger y apoyar, sobre todo, a contribuyentes en condiciones de vulnerabilidad y de menores ingresos (ya que 84 de cada cien personas atendidas han sido asalariados, pensionados o jubilados cuyas problemáticas no rebasaban en su mayoría los 20 mil pesos), el Ejecutivo no ha mostrado el menor interés para presentar la terna al Senado, ya que dicha Procuraduría lleva seis meses sin titular.

“Y no han desaparecido a la Prodecon no sé por qué; pero tampoco descartemos que esté en la lista de los órganos con autonomía relativa, plena, en ruta de extinción”, advirtió al tiempo de indicar que la Procuraduría se encuentra acéfala desde el 30 de abril pasado en que Diana Bernal Ladrón de Guevara concluyó su segundo periodo al frente.

En una postura extraña, dijo el perredista, el titular de Ejecutivo se ha negado a enviar sus propuestas para quien conduzca las riendas del ente responsable de garantizar la protección y defensa de los derechos e intereses de las y los contribuyentes, ahora que su estrategia de “Economía Moral” ha determinado recaudar lo más que se pueda –en lo que algunos han bautizado como “terrorismo fiscal”- para cumplir con las metas de crecimiento en 2020.

“El Paquete Económico 2020 contempla cambios en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para reforzar sus capacidades en la recaudación de impuestos para que -con ello- el país pueda contar con mayores ingresos” de acuerdo con lo que nos hizo saber el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

El planteamiento, mencionó el legislador, será la búsqueda de una recaudación mayor a través de supervisión y reinversión en el SAT. La propuesta fiscal también establece la obligación de las empresas contratantes de servicios de la subcontratación laboral, de retener y enterar el IVA causado por el arrendamiento de este tipo de servicios”.

“Pero –enfatizó- la Ley de Ingresos no sólo establece medidas contra empresas para incrementar la recaudación sino que también prevé que quienes rentan una vivienda, paguen el ISR, igual que quienes se dedican a las ventas por catálogo”.

Esto, añadió, nos lleva a pensar en la importancia que tendría la Prodecon el próximo año fiscal pues, ante la nueva realidad, debemos pensar en el compromiso que representa una mejor y más eficiente recaudación, en correspondencia con la creación de este instituto; las actividades de fiscalización deberán estar sujetas al respeto de los Derechos Humanos”, sostuvo.

En este sentido, expuso, “hablar de derechos humanos de los contribuyentes es referirse a los principios materiales de justicia tributaria previstos en el artículo 31, fracción IV, constitucional: legalidad, equidad, proporcionalidad y destino al gasto público que, a la luz de la doctrina y su posterior recepción por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se identifican con capacidad contributiva, igualdad tributaria, reserva de ley y destino al gasto público.

“En virtud de lo anterior –concluyó- y de la importancia de brindar la debida atención para que los contribuyentes estén protegidos frente a la nueva realidad fiscal que así lo demanda, proponemos que se inicie el proceso de nombramiento del o la titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente”.

Cabe destacar que, a ocho años de abrir sus puertas (inició actividades en 2011), la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente alcanzó la cifra de 1 millón 68 mil 500 servicios brindados a pagadores de impuestos. En los años que ha estado en funciones, ha atendido invariablemente a más de 100 mil contribuyentes por ejercicio fiscal. Para 2015 cerró con 114 mil 464 solicitudes de servicio, mientras que en 2016: 150 mil 165; en 2017: 210 mil 921, y para 2018 se reportaron; 273 mil 465. Para este año, hasta el 28 de agosto se reportaron 193 mil 089 casos.