Por: Redacción/

A fin de que las instituciones de educación superior, públicas y privadas prevengan y combatan el hostigamiento sexual, deberán contar con una ley de protocolos y mecanismos registrados ante la Secretaría de Educación Pública y avalados por el Instituto Nacional de las Mujeres.

La propuesta de las y los senadores Cora Cecilia Pinedo Alonso, Geovanna Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra Arámburo, Alejandra de León Gastélum, Miguel Ángel Lucero Olivas y Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, busca modificar el artículo 15 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Con base en un artículo publicado en la revista Nexos, los legisladores destacan que las universidades son espacios donde se reproduce la violencia estructural, y son pocas las que cuentan con estadísticas para develar el problema específico de género.

El Observatorio Nacional Para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior (ONIGIES) señala que realizó un estudio en 40 instituciones de educación superior en el país. En la calificación del 0 al 5 de los avances institucionales para erradicar la violencia de género, encontró que el promedio nacional es apenas del 1.5, lo que considean de alarmante.

La iniciativa de reforma presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, indica que la ley, será el Instituto Nacional de las Mujeres quien emitirá los lineamientos y criterios mínimos para definir los protocolos y mecanismos referidos.

Los legisladores señalan que existen protocolos universitarios para denunciar o combatir el acoso sexual, pero se han creado en las redes sociales a partir de la solidaridad entre las víctimas; sin embargo piden que sea el Estado mexicano el que intervenga y establezca obligatoriedad para esos protocolos de manera oficial.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores.