Por: Redacción

El Estado de México es un crisol de zonas cuidadas, mejoradas o abandonadas donde se procuran espacios urbanos óptimos –Satélite, Naucalpan, Huixquilucan–deteriorados –Ecatepec y Chimalhuacán– o semirurales –Lerma y San Mateo Atenco–, por lo que la calidad y funcionalidad de los servicios urbanos dependen de las condiciones socioeconómicas, afirmó la doctora Abigail Martínez Mendoza, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En el Ciclo de Conferencias Miércoles en las Ciencias Sociales la académica del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa ofreció la ponencia Percepción social de la seguridad vial en el diseño urbano, investigación realizada en el municipio de San Mateo Atenco, Estado de México.

El estudio urbanístico fue realizado con base en los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana: Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), 2016 del gobierno federal.

Mediante una encuesta aplicada a los habitantes del municipio de San Mateo Atenco se determinó que en relación con la vía de acceso a los lugares de ascenso y descenso de transporte público 54.3 por ciento dijo que eran aceptablemente limpios; mientras que 44.8 por ciento respondió que no y 0.9 por ciento no contestó.

Respecto del alumbrado público 50.8 por ciento opinó que estaba suficientemente iluminado; 48.9 por ciento dijo que no, y 0.3 por ciento no respondió.

Para 58.7 por ciento el arroyo vehicular tiene delimitadas las zonas peatonales; 40.8 por ciento expuso que no, y 0.5 por ciento no contestó, mientras que 47.8 por ciento consideró que están señalados los pasos peatonales; 51.9 por ciento dijo que no y 0.3 por ciento se abstuvo de opinar.

En cuanto a la seguridad 42.7 por ciento aseveró que hay pandillas; 56.3 por ciento, no, y 1.0 por ciento no respondió, pero 49.2 por ciento percibe la zona como peligrosa; 44.8 por ciento no, y 6.0 por ciento no contestó.

El 21.2 por ciento expuso que hay venta de drogas; 72.6 por ciento consideró que no y 6.2 por ciento no respondió; para 39.9 por ciento se registran pleitos; 59.8 por ciento no, y 0.3 por ciento no contestó, y 59.0 por ciento asegura que hay drogadictos y/o borrachos; 40.5 por ciento, no y 0.5 por ciento no respondió.

El 16.6 por ciento ha sido víctima de acoso y hostigamiento; 83.2 por ciento no y el 0.2 por ciento se abstuvo de opinar; 18.2 por ciento ha sido insultado y amenazado y 81.8 por ciento no; 21.2 por ciento ha sido víctima de un asalto, 78.8 por ciento no, y 11.3 por ciento ha sido agredido físicamente y 88.7 por ciento no.

Las recomendaciones emitidas derivadas el estudio para su implementación fueron: reubicar las bases de taxis a calles aledañas a la ruta principal, así como visibilizar la ruta que éstos deben seguir.

Además de ampliar las indicaciones de tránsito a lo largo de la vía primaria; reducir el carril confinado para el uso de las bicicletas para disminuir la invasión de motonetas y peatones e incrementar el número de semáforos, así como señalizaciones de cruce.

También se requieren más policías de tránsito para reducir el caos vial y sancionar los aparcamientos en doble y triple fila, aunado a que se necesitan colocar paraderos de autobuses para regularizar el ascenso y descenso.

La profesora en la Licenciatura de Sociología sostuvo que la opinión pública incide en la intervención del entorno urbano para que las autoridades cumplan con su responsabilidad de conservar, cuidar y transformar el espacio público social, a fin de ofrecer seguridad y funcionalidad.

Para que las acciones ciudadanas tengan respuestas positivas que se traduzcan en labores de un gobierno que trabaja para la gente, se requiere contar con una investigación sistematizada que proponga soluciones a las autoridades locales respecto a cómo modificar el diseño urbano.

El objetivo es procurar tranquilidad a los ciudadanos respecto de sus vialidades, servicios públicos y de vigilancia. “La planeación del diseño urbano es relevante porque es el espacio donde la gente desarrolla múltiples actividades, para ello requiere de su funcionalidad y seguridad”.

Martínez Mendoza comentó que si bien el gobierno tiene la obligación de atender esos sitios, es precisa la participación civil para exigir obras de infraestructura urbana y su mantenimiento, no sólo en función de las necesidades de la población, sino también de las actividades realizadas en el lugar.