Por: Redacción

Con el propósito de coadyuvar al combate y erradicación de la tortura en nuestro país y atender a las víctimas de este delito, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llevó a cabo el “Taller sobre Aplicación del Protocolo de Estambul y del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura”, dedicado a los profesionales del derecho, la medicina y la psicología adscritos a las Organismos Públicos de Promoción y Protección de los Derechos Humanos.

La finalidad de este ejercicio fue que todos los servidores públicos participantes fortalezcan sus conocimientos, los actualicen, y pongan en práctica, en tanto que los representantes de la sociedad civil contarán con suficientes argumentos para exigir el cumplimiento de estos compromisos.

En el marco de este taller, el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, destacó la importancia de la independencia de los servicios forenses –médicos y psiquiátricos— para atender casos de tortura, y anunció que la CNDH, por conducto del Centro Nacional de Derechos Humanos (CENADEH), trabaja en un modelo acerca del cual ha mantenido comunicación con la Procuraduría General de la República (PGR).

Con esta afirmación coincidió Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien puntualizó que para combatir la tortura en México se debe garantizar la independencia de los servicios forenses.

González Pérez lamentó las respuestas que las instituciones gubernamentales dan a las recomendaciones de la CNDH por casos de tortura, por lo cual llamó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a cerrar filas en bien de los derechos fundamentales de las personas.

Subrayó que “la tortura existe en México; que hay que atajarla, prevenirla y, sobre todo, erradicarla. Hay que favorecer todo aquello que evite que se cometan violaciones a derechos humanos, y por ello estamos aquí hoy”.

Por su parte, Jan Jarab demandó al Estado mexicano facilitar la intervención de peritos independientes para la documentación de casos de tortura y que sus dictámenes sean efectivamente admitidos como pruebas en la investigación y en el proceso contra los probables responsables.

“Pero el mayor reto del Estado mexicano –aseguró— es el rediseño institucional que le permita contar con servicios periciales y forenses autónomos, en este sentido nuestra oficina ya ha externado su disposición de colaborar con las autoridades para el diseño del Instituto forense autónomo”.

El presidente de la FMOPDH, Felipe de Jesús Martínez Rodarte, destacó que el nuevo Sistema Penal Acusatorio será una oportunidad para identificar la práctica de la tortura. Dijo que el Estado mexicano debe permitir la participación de peritos internacionales en estos casos, y reconoció el papel de la CNDH al utilizar el Protocolo de Estambul como un elemento sólido en sus recomendaciones.

A su vez, el abogado y experto Emilio Ginés Santidrián mencionó que es necesario que México emita la Ley General contra la Tortura, para fortalecer el Mecanismo de Prevención correspondiente, pues a pesar de que ha firmado los instrumentos internacionales más importantes para la investigación, sanción y reparación de la tortura, falla en sus cimientos. “Normas sobran, lo más difícil es poder aplicarlas y llevarlas adelante”, acotó.

Durante su participación en el panel “La tortura desde el punto de vista del sistema internacional de protección: sistema universal y sistema interamericano”, destacó que organizaciones de la sociedad civil indican que entre el 2004 y 2014 interpusieron ante la CNDH 58 mil 381 quejas por detenciones arbitrarias, de las que alrededor de 17 mil incluyen alegatos de tortura y malos tratos, por lo cual se estima que cerca de 10 mil personas estarían siendo torturadas en el sistema de justicia penal nacional.

Reconoció que organismos como la Convención contra la Tortura y la Comisión Interamericana no son suficientes para erradicar el flagelo, debido a que funcionan como sistemas reactivos de denuncias, que cada día proliferan y aumentan la aceptación social del delito.

En este sentido, dijo que se requiere la voluntad política del Estado, para trabajar en conjunto con la CNDH, como un Mecanismo Nacional de Prevención, con el Subcomité de la Tortura de la ONU, la sociedad civil, jueces, magistrados y médicos, entre otros, para empuñar la espada en la ley y en la ética.

Durante el Taller se explicaron los objetivos y aplicación del Protocolo de Estambul y del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, los rubros que los integran; los tipos y métodos de tortura que se utilizan en México y otros países, así como sus secuelas físicas y psicológicas, como la violencia sexual, la humillación que se provoca al desnudar a las víctimas, la asfixia seca y húmeda, descargas eléctricas, golpes en los pies y aplicación del teléfono, entre otros métodos.

José Quiroga, ex vicepresidente del Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura, indicó en el panel “Procedimientos aplicables a la investigación”, que el primer entrenamiento en el mundo del Protocolo de Estambul –un manual que sirve para investigar y documentar casos de personas que han sido torturadas— se llevó a cabo en la Ciudad de México en el año 2000, siendo nuestro país el que cuenta con más cursos, pero del que se desconocen los resultados.

Añadió que tampoco se tiene un mecanismo para medir la eficacia de cuántos estudios se han hecho a nivel médico y psicológico y cuántos han resultado en castigo a los culpables. “En México ese número es mínimo o inexistente”, dijo Quiroga, quien destacó que cuando se cometen actos de tortura, con frecuencia participan en ellos médicos que determinan hasta qué grado puede resistir el sufrimiento una persona sin morir.

Por su parte, Fernando Cervantes Duarte, visitador adjunto de la Segunda Visitaduría General de la CNDH, denunció que entre los obstáculos para aplicar el Protocolo de Estambul en los penales federales está la prohibición de ingresar equipo médico adecuado y cámaras fotográficas, además de que allí se carece de lugares dignos y privados para entrevistar a las víctimas, sin omitir que existen casos de personas privadas de su libertad que sufren represalias por aceptar que se les aplique dicho protocolo.

Teodoro Valdés Alonso, visitador adjunto de la Tercera Visitaduría de la CNDH, agregó que el problema no es que la mayoría de los médicos desconozca el Protocolo de Estambul, sino que las condiciones desde el punto de vista legal para aplicarlo no están dadas, porque en el Sistema de Administración de Justicia y los Ministerios Públicos no permiten a los profesionales de la medicina hacer interrogatorios amplios que evidencien casos de tortura; al final los únicos que determinan si hubo o no tortura son los jueces.

Durante su participación, Verónica Cervera Torres, titular del Comité de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), dijo que al mes de mayo de este año se ha beneficiado con compensaciones económicas a 127 personas, de ellas 83 son víctimas relacionadas con hechos de tortura.

El experto independiente Carlos Garduño Salinas subrayó la urgencia de que los legisladores aprueben la Ley General contra la Tortura, dado que el plazo para su publicación venció el pasado 7 de enero, y agregó que los estados de Tabasco y Michoacán no cuentan con una Ley estatal o Código Penal para prevenir, sancionar, y tipificar la tortura como un delito.

Finalmente, Ruth Villanueva Castilleja y Héctor Daniel Dávalos Martínez, Tercera Visitadora General y Secretario Ejecutivo, ambos de la CNDH, agradecieron la participación de los ponentes e invitados al taller, a quienes propusieron un siguiente encuentro para abordar el tema de la ética de los médicos y las enfermeras que se encuentran al servicio del Estado.