Por: Redacción/

La coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, solicitó al Poder Judicial de Jalisco justicia para las mujeres víctimas de violencia, particularmente el caso de la señora Sandra Alicia García, de quien su agresor fue declarado inocente y está impune.

En un comunicado, informó que presentó ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo para que se investiguen las irregularidades del proceso y se prevengan otros donde las agredidas sean revictimizadas por la indebida actuación de las autoridades correspondientes.

La diputada relató que Sandra Alicia García fue atacada y golpeada con un martillo por su esposo cuando le pidió el divorcio, después de 31 años de sufrir vejaciones y humillaciones. La escena fue presenciada por su nieta de seis años que pidió ayuda a los vecinos, quienes acudieron al llamado ante la grave alteración de la pequeña.

El responsable, Juan Francisco “N”, fue procesado los días 25, 26 y 27 de junio y durante el juicio se presentaron testimonios gráficos -tanto del rostro de la víctima como del lugar ensangrentado-, 17 testigos -entre ellos policías investigadores, oftalmólogos, peritos criminalistas, vecinos, la nieta y una de las hijas de la víctima- y la testimonial de psiquiatría forense. No obstante, el agresor fue declarado inocente.

La diputada Juárez Piña exhortó al Congreso de la Unión a que intervenga,pues aunque la Fiscalía General del Estado anunció el 5 de julio que apelaría esta decisión porque los tres jueces a cargo del caso no consideraron las contundentes pruebas contra el responsable, ello no garantiza que se haga justicia a la señora Sandra Alicia García.

La parlamentaria coincidió con la Fiscalía en el sentido de que la actitud de los jueces “es lamentable”, que es necesario llevar este caso hasta las últimas consecuencias para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, para que el responsable no quede impune y para que se investigue la actuación de los servidores públicos involucrados.

Apuntó que actualmente se desconoce el paradero del agresor, mientras que la víctima carece de protección que garantice su vida e integridad.

“Resulta urgente que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y el Consejo de la Judicatura tomen conocimiento del asunto y garanticen no sólo el derecho de acceso a la justicia de la víctima sino también su integridad y, principalmente, su vida”, concluyó la legisladora perredista.