Por: Redacción/

El ingreso básico universal es una “buena idea para disminuir la desigualdad social a causa de la pandemia, por lo que debe ser discutido en el contexto de la reactivación económica de México”, señalaron participantes en la segunda sesión del foro Desafíos a las políticas post COVID-19, convocado por las divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades de las cinco unidades académicas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Si en un escenario como el que “vivimos –donde de manera súbita se contraen la demanda y la oferta misma– hubiera algún tipo de amortiguador”, como podría ser el ingreso mínimo vital soportado en forma estable por la recaudación fiscal, con seguridad el coronavirus sería “menos rotundo, en términos de sus impactos económicos”, aseveró el doctor Carlos Muñoz Villarreal.

Dicha repercusión sería además menos injusta para los sectores más pobres, porque no obligaría a quien vive al día o cuya dinámica laboral le obliga a salir, a seguir haciéndolo.

La concepción de fondo de la propuesta de ingreso mínimo –sobre todo con las tendencias observables de automatización y robotización del empleo, entre otras– “tiende a llevar a las colectividades a contender con una situación en la cual puede haber una contracción del trabajo,” opinó el profesor del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco.

En cuanto a las posibilidades administrativas, la distribución de cédulas únicas resulta fundamental para este tipo políticas y otro requisito sería financiarlas en términos equitativos y estables, lo cual “no es cosa menor, por las vulnerabilidades tan fuertes que tienen nuestros salarios, al depender de la factura petrolera y, por tanto, son inestables”.

Un ingreso mínimo universal debe ser una meta y en ese camino impulsarse los programas de bienestar no condicionados para ir avanzando en una propuesta más generalizada, pero que evite clientelismo, la insuficiencia de capital y el desplazamiento de pensiones, entre otros inconvenientes.

El doctor Ricardo Cantú Calderón, miembro asociado del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C., manifestó que esto ayudaría a paliar la desigualdad, ya que una renta básica sería una medida progresiva mediante la cual se beneficiaría más a los deciles de la población con menos recursos y constituye una buena opción para empoderarla haciéndola más responsable de lo que tiene.

Para llevar a cabo esta tarea sería conveniente que la gente cuente con una identificación única que posibilite saber quiénes y a cuántos se beneficiaría, descartándose la duplicidad y la opacidad en la asignación.

El maestro Carlos Flota Estrada, presidente del Consejo Directivo del Instituto de Administración Pública de Tabasco, respaldó la entrega de un ingreso básico universal, sin embargo, la proyección de las dimensiones para ofrecer un mínimo de bienes a los mexicanos requiere de una profunda reforma fiscal.

El problema es que “ya no hay el espacio para una modificación en la materia y es un tanto complejo tener los recursos precisos para conseguirla”, no obstante, “debemos transitar hacia allá” e incluso avanzar en otras propuestas, como la de un sistema universal de salud.

El arribo a estados de bienestar de tipo europeo –donde existe una clase media que se capacita, trabaja y genera riqueza– es posible en México, aunque “nos llevaría algunos años, dado los problemas estructurales de la economía, pero si lo pensamos bien podemos llegar” a una situación que es el tipo de capitalismo idóneo, señaló Flota Estrada.

La política de austeridad del gobierno federal no lleva a la ineficacia, aun cuando “el punto es saber qué, cómo y para qué” se llevan a cabo los recortes, es decir, esto no ha quedado suficientemente claro, afirmó el doctor Omar Vicente Padilla Páez, académico de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Si bien las autoridades han explicado que pretenden terminar con los gastos superfluos y los privilegios de antaño, lo cual es entendible, al final no han presentado datos técnicos y, en ese sentido, el valor de la transparencia es vigente.

Por ejemplo, “si hacemos cuentas, todos los jóvenes de 14 a 24 años podrían recibir –sólo con dos por ciento del Producto Interno Bruto– tres mil 800 pesos mensuales y además estarían cubiertos todos los adultos mayores –con cuatro por ciento del PIB– con recursos que ya están” y no tendría que hacerse un gran esfuerzo para alcanzar estos objetivos.

“No podemos seguir en la misma inercia, sino debemos romper con cosas que se tenían por dadas”, como la idea de que el crecimiento económico se traducía en desarrollo, “lo que ya vimos que no es así”, pues al revisar datos de las últimas dos o tres décadas resulta que sólo crecieron seis o siete estados del país, mientras que hay entidades que llevan varios años sin registrar aumento al respecto.

El propósito del foro Desafíos a las políticas post COVID-19 es reflexionar sobre los retos en torno a la provisión de los recursos necesarios para la instrumentación de las políticas federales y estatales, en el contexto de la pandemia del coronavirus, que ha generado una gran contracción económica y afectaciones a la dinámica social.