Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del PRD en el Senado presentó un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente solicite a la Procuraduría General de la República y a sus homólogas de las treinta y dos entidades federativas, un informe pormenorizado sobre los protocolos de atención para la atención de delitos cometidos en contras de personas transexuales.
En el documento, los senadores del PRD también plantearon que la Comisión Permanente exhorte a los Congresos locales de las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas a implementar acciones legislativas para garantizar el pleno derecho a la identidad de las personas transexuales.
“En el mes de junio, las calles se visten de banderas de arcoíris alrededor del mundo y los discursos de tolerancia y combate a la discriminación se hacen presentes a lo largo y ancho de nuestro país. Es el mes del orgullo LGBTTTI. Es un tiempo para combatir los prejuicios existentes en la sociedad con relación a la diversidad sexual, entre los cuales se encuentran los que padecen las personas transexuales”, señala el documento.
Los senadores del PRD informaron que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, en nuestro país hay casi 4 mil 490 transexuales, de los cuales más de 3 mil son mujeres trans y unos 2 mil son hombres trans. Ellos padecen constantemente de discriminación y violencia. “En el informe Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resaltó que las mujeres trans se encuentran inmersas en un ciclo de violencia, discriminación y criminalización que generalmente comienza desde muy temprana edad, por la exclusión y violencia sufrida en sus hogares, comunidades y centros educativos”.
“Asimismo, el 17 de mayo de este año, la asociación civil Letra S dio a conocer que entre enero de 2014 y diciembre de 2016, 202 personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales habían sido asesinadas en el país por su orientación sexual, identidad o expresión de género. De estos delitos, 108 correspondieron a mujeres trans, que en promedio contaban con 22 años de edad y mostraban signos de tortura (33%) y violencia sexual (7%)”, refirieron.
A consideración de los senadores del PRD, las agresiones a personas transexuales parecen ir en aumento, ante la invisibilidad de la que son víctimas por la discriminación. En octubre de 2016, fue hallada una joven transexual en el Estado de México con el cráneo fracturado y el cuero cabelludo desprendido; Itzel Durán fue apuñalada en Chiapas; Alessa Flores tenía signos de estrangulamiento; Paulette González, desapareció en junio en Nayarit y al poco tiempo fue encontrada calcinada. Asimismo, en mayo de 2017 apareció el cuerpo de Jennifer López -también conocida como “Campanita” y ser activista de los derechos de la comunidad LGBTTTI en Ometepec, Guerrero-, con signos de haber sido asesinada con lujo de violencia.
“Los problemas que sufren las personas transexuales no se detienen con la violencia, sino que también padecen discriminación originada en las instituciones del Estado, al no permitir el pleno respeto de sus derechos humanos como es el caso del derecho a la identidad, conforme a su identidad y expresión de género”, subrayaron.
En el punto de acuerdo, el Grupo Parlamentario del PRD en el Senado refirió que un paso más en el respeto de los derechos de las personas transexuales, se dio hace unos meses cuando el PRD promovió ante el Instituto Nacional Electoral medidas para garantizar el derecho al voto de las personas que su expresión de género no coincida con la identidad establecida en su credencial para votar. Lo anterior, aún y cuando en dos años se han recibido 4 mil 400 trámites de cambio de sexo en su credencial de elector.
“EL Estado debe atender la situación que afrontan las personas transexuales en nuestro país y se deben adoptar las medidas necesarias para terminar la violencia y discriminación de las que son víctimas día con día”, concluyeron.
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