• Resulta importante que la investigación que se realiza en las instituciones de enseñanza superior se valore como en países desarrollados que, cuando surgió la pandemia, lo primero que hicieron fue acercarse a sus instituciones de educación superior.

Por: Redacción/

Investigadores de universidades públicas y privadas levantaron la voz para señalar que el anteproyecto de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene una visión centralista y unitaria que “pareciera dejar en el olvido que todos somos sujetos del derecho humano a la ciencia, a la innovación y a la tecnología”.

Las universidades y los centros de investigación parecen estar borrados, pues sólo “entran hasta un punto muy inferior del proceso y únicamente como usuarios, no como generadores de conocimiento ni de ciencia en México”, aseguró la doctora Margarita Teresa de Jesús García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

En el conversatorio Mandato de la Constitución: garantizar el derecho humano a los beneficios de la CTI (ciencia, tecnología e innovación), la académica egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) dijo que cuando en una nación se habla de creación de conocimiento va acompañado de presupuesto, aunque en el país no se ha rebasado el 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) desde hace muchos años.

Resulta importante que la investigación que se realiza en las instituciones de enseñanza superior se valore como en países desarrollados que, cuando surgió la pandemia, lo primero que hicieron fue acercarse a sus instituciones de educación superior para averiguar si existían propuestas para solucionar la problemática.

Aquí, “sólo se les hizo a un lado, sin importar que hay ocho proyectos cien por ciento de autoría mexicana de vacunas, tanto en universidades como en centros de indagación”.

En este sentido, los mexicanos no conocen las áreas de conocimiento o los avances biotecnológicos que se están desarrollando y no están en posibilidad de exigir su derecho humano a la ciencia, uno más de los inconvenientes de este proyecto que no parte de un diagnóstico claro y “además nos excluyó del debate”.

La doctora Josefina Cortés Campos, profesora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), señaló que es preciso admitir que para la consecución de este derecho humano “se nos plantea un proyecto de ley con una visión centralista y unitaria que va en contra de la distribución establecida en el texto del Artículo 3º Constitucional”.

Cualquier planteamiento de ley o norma secundaria que desconozca la función, el papel y la responsabilidad de las instituciones privadas en la consecución de esta garantía tendrían también un problema de constitucionalidad, “y eso lo pongo en la mesa porque al avance de la ciencia y la tecnología estamos llamados todos por estar en presencia de un derecho humano”.

Sin embargo, en este proyecto “no debemos ser considerados desde una perspectiva sólo de beneficiarios, de receptores de estímulos para desarrollar indagación científica y tecnológica, sino como responsables a generarla y a producirla”.

Si bien pareciera que “estamos avanzando un poquito a contra corriente de la mano de un reglamento que borra del mapa la presencia de instituciones privadas de la investigación, después una ley parece reconocerla, pero origina asimetrías entre entidades privadas y públicas”.

El doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseveró que una de las preocupaciones externadas en torno a este proyecto de ley tiene que ver con la plena garantía de indagación y libertad de cátedra en su sentido más amplio, contempladas en la Carta Magna.

Pero “esa libertad se ha visto condicionada, conculcada o restringida cuando se plantean figuras que se establecen con la denominación de Agenda de Estado y Consejo de Estado, que lejos de brindar la protección más amplia posible a la investigación bajo la premisa de la autonomía de cátedra la estaría restringiendo”.

El doctor Andreas Schedler, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), aseveró que el proyecto de Ley del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología desde su primera frase es engañoso y no protege ningún derecho reconocido, más bien pretende introducir uno nuevo.

“El anteproyecto guarda un silencio, no ofrece diagnóstico ni solución alguna sobre el dilema que pretende remediar, tampoco esto es parte de su naturaleza, es una norma que no tiene base científica, que insiste de manera casi exclusiva en la utilidad práctica de la ciencia, sin sentido utilitario ni ponderación de fines y medios”.

La maestra Sylvia Schmelkes del Valle, vicerrectora académica de la Universidad Iberoamericana, expuso que lo vertido en la sesión cuestiona un derecho que debiera ser universal, por lo que tendrán que ser revisados y discutidos los proyectos de ley de Conacyt y de Pro Ciencia que están ahora en el Congreso de la Unión.

El doctor David Romero Camarena, académico del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM y moderador del encuentro, apuntó que lo ideal sería que la legislación que se produzca esté en armonía con la ley de educación para el pleno ejercicio de un derecho y el disfrute de los beneficios de la ciencia, lo cual tendría que pasar por una enseñanza con contenido científico.

El doctor Alejandro Monsiváis Carrillo, profesor del Colegio de la Frontera Norte (Colef), aseveró que el anteproyecto de ley propuesto por el Conacyt no está a la altura de la propia expectativa de hacer efectivo el acceso a las ventajas de la ciencia, sino que es restrictivo e inclusive hay elementos que lo hacen inconstitucional.

En el conversatorio, celebrado como parte del Foro Interuniversitario Jornadas de reflexión sobre el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación que demanda el futuro, también participó el doctor Fausto Kubli García, docente de Facultad de Derecho de la UNAM, quien aseveró que la intervención del derecho en el anteproyecto no tiene que ser vertical a través de un Consejo de Estado que discuta la agenda, sino que debe promover la colaboración de instituciones públicas y privadas y la propia sociedad.