Por: Redacción/

El Senado de la República aprobó y envió a la Cámara de Diputados el proyecto para expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que reglamenta la organización, funcionamiento y atribuciones del órgano autónomo que tendrá a su cargo las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación.

Luego de avalar el dictamen en lo general, con 70 votos a favor, los senadores discutieron las reservas presentadas por PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, para modificar diversos artículos del dictamen.

Con 61 votos a favor y 37 en contra, se aprobaron en lo particular y en sus términos, diversos artículos que habían sido reservados, por lo que se envió el proyecto de decreto a la Cámara de Diputados.

El Pleno sí aceptó los cambios a las fracciones I, VIII, X, XV y XXI, del artículo 20 de la ley, propuestos por la senadora Indira Rosales San Román, del PAN, para acotar las facultades de la Coordinación General de la Fiscalía.

Así, dicha Coordinación tendrá entre sus atribuciones suplir al titular de la Fiscalía General de la República, pero sólo en ausencias temporales hasta por tres meses.

Además, fueron trasladadas a la Coordinación de Investigación y Persecución Penal, las facultades que tenía la Coordinación General de la Fiscalía para ejecutar las extradiciones, así como las acciones relacionadas con la cooperación internacional; y de conocer y resolver sobre las solicitudes de atracción, que el Fiscal le encomiende.

En el debate para aprobar o desechar las reservas, el presidente de la Junta Coordinación Política, Ricardo Monreal, afirmó que “el país está hecho un océano de sangre, un panteón”. Nunca en la historia, agregó, “había estado la nación en un estado de emergencia”, con territorios completos sin control institucional en manos del crimen organizado, por lo que es momento de crear esta ley.

Aclaró que se podrá estar en desacuerdo con este ordenamiento. “Sólo les pido, a aquellos que hicieron compromisos, que honren su palabra. Nosotros actuaremos con certeza, con serenidad, pero sin ingenuidad; actuamos de buena fe, pero no somos ingenuos”, advirtió.

A sugerencia de la senadora Beatriz Paredes Rangel, del PRI, se modificó el artículo 6 del dictamen, a fin de que Senado de la República pueda aprobar el Plan de Persecución Penal.

También se respaldó la propuesta de la legisladora para evitar que la fracción XX, del artículo 9 de paso a persecuciones al interior de instituciones y precisar que entre las facultades de los órganos fiscales está “citar a los servidores públicos para la realización de actuaciones y diligencias relacionadas con investigación o proceso, en términos de la legislación aplicable”.

La asamblea incorporó al proyecto las observaciones que planteó el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa para aclarar la redacción de los artículos 9, 11, 15, 27 y 40; también para establecer en el 18 que el Ejecutivo Federal deberá acreditar ante el Senado la causa grave que motive la remoción del Fiscal General de la República.

Aprobó la adición del artículo Vigésimo Tercero transitorio, que propuso el legislador del PRD con el propósito de puntualizar que el titular de la Fiscalía será el Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

Con este cambio, “el régimen de relación que existe entre el Instituto y la Procuraduría General se mantendrá con la nueva Fiscalía en términos de lo dispuesto en la normatividad aplicable, en tanto no se reforme o se expida un nuevo estatuto orgánico del Inacipe”.

Del mismo modo, el Pleno admitió una modificación al artículo 4, planteada por el senador Manuel Añorve Baños, del PRI, que precisa que la Fiscalía General tendrá la facultad de atraer casos del fuero común, en los casos en que se demuestre la inactividad o ineficacia de la fiscalía local competente.

Modificó el artículo 50 con el propósito de dotar de autonomía técnica y de gestión a las Comisiones Especiales que cree el Fiscal General para colaborar en las investigaciones de feminicidios, violencia sexual, trata de personas o que impliquen violaciones a derechos humanos. Esta propuesta fue realizada por el senador Juan Quiñonez, de Movimiento Ciudadano.

A petición del senador Eruviel Ávila Villegas, del PRI, se incluyó establecer en el artículo 16 que el titular de la Fiscalía General será ciudadano mexicano por nacimiento.

También se adicionó al artículo 60, que los trabajadores de la Fiscalía se regirán por el artículo 123 de la Constitución, apartado B “fracción XIII”. Dicha fracción refiere los motivos por los cuales los trabajadores pueden ser separados de su cargo.

Por otro lado, se avaló el cambio propuesto por el senador Juan Zepeda, del PRD, al artículo Décimo transitorio, a fin de modificar la fórmula de escalonamiento para los primeros ciudadanos que formarán parte del Consejo Ciudadano. Se estableció que dos integrantes duren tres años en su encargo, dos personas cuatro, y una, cinco años.

Adicionalmente, fueron se respaldadas modificaciones a los artículos 25 y 42, reservados por la senadora María Guadalupe Murguía, las cuales incluyen que las autoridades de la Fiscalía expresen los motivos por los cuales se pudieran rechazar las opiniones o recomendaciones que formule el Consejo Ciudadano respecto del desempeño de la Fiscalía.

El Senado también avaló el cambio a los artículos 19 y 20, sugerido por la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, a efecto de que la Unidad Especial de Género y Violencia contra la Mujer, esté a cargo del Fiscal General.

De igual manera, rechazó las reservas a diversos artículos presentadas por las senadoras Xóchitl Gálvez Ruiz y Kenia López Rabadán, del PAN; Claudia Edith Anaya Mota, Vanessa Rubio Márquez, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, Verónica Martínez García, Silvana Beltrones Sánchez, y por el senador Ángel García Yáñez, del PRI.