Redacción.- A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), el
diputado Héctor Raúl García González propuso en la LXII Legislatura mexiquense establecer la
figura de alquiler social como política pública para ofrecer precios preferentes en la renta o el
alquiler de viviendas a poblaciones vulnerables, particularmente a las juventudes.
El parlamentario enfatizó en la relevancia de un programa de vivienda social que responda
a la urgente necesidad de abordar el déficit habitacional y garantizar el acceso equitativo a una
vivienda digna, desde una perspectiva equitativa y sostenible.

En sesión deliberante, puntualizó que su propuesta para reformar la Ley de Vivienda
estatal y la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal Denominado
Instituto Mexiquense de la Vivienda Social no solo responde a una necesidad apremiante, sino
que también ofrece una solución integral y sostenible. La iniciativa se inspira en modelos
internacionales exitosos para adaptarlos al contexto local y avanzar hacia un futuro en el que el
acceso a una vivienda digna sea una realidad para todos.

Propone que desarrolladores o constructores brinden beneficios a grupos vulnerables en el
alquiler o adquisición de bienes inmuebles; reservando un porcentaje de 10% a 15% de conjuntos
construidos para estos sectores; y que la política estatal de vivienda deberá impulsar o propiciar el
acceso a una vivienda digna y adecuada mediante la implementación de acciones de alquiler
social, con la participación de los sectores público, social o privado.

Además, la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura promoverá la gestión de
recursos para el financiamiento de acciones en materia de vivienda; y gestionará acciones para
garantizar la ocupación de bienes inmuebles abandonados o confiscados.
El Instituto Mexiquense de la Vivienda Social deberá gestionar, impulsar y promover políticas
públicas, acciones, beneficios o programas de vivienda en alquiler, priorizando a quienes se
encuentren en situación de riesgo, pobreza, vulnerabilidad o marginación.

Esto tendrá que incentivar y gestionar la participación del sector privado en los programas de
vivienda social, en beneficio de grupos vulnerables en situación de pobreza o pobreza extrema; e
impulsar el derecho a una vivienda digna y decorosa con programas sociales de viviendas en alquiler, promoviendo el alquiler social como una política alternativa de acceso a la vivienda, con
especial atención a los grupos más vulnerables.

La iniciativa, turnada a comisiones legislativas, fue apoyada también por el diputado Israel
Espíndola López (PVEM), quien afirmó que este tipo de iniciativas garantizan un desarrollo flexible
y adecuado a las necesidades de las juventudes.