Por: Redacción

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reconoció al Congreso de la Unión por concluir el proceso de aprobación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF), cuya iniciativa fue enviada al Legislativo por el Ejecutivo Ferderal el pasado mes de agosto de 2015, y enriquecida con las aportaciones de diputados y senadores de las diversas fuerzas políticas.

La Cámara de Diputados aprobó la legislación secundaria, siendo la parte medular la propia Ley de Disciplina Financiera para Entidades y Municipios, al respecto, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, expresó que “la conclusión de este proceso es resultado del trabajo, profesionalismo y responsabilidad con que los legisladores analizaron, discutieron y fortalecieron la iniciativa original”.

El funcionario federal dijo que “con esta Ley, que respeta la autonomía de los estados y municipios, los principales beneficiados son los ciudadanos, quienes al contar con mayor estabilidad y responsabilidad presupuestaria en las haciendas de sus gobiernos locales, en el mediano y largo plazos verán un crecimiento en la inversión pública y, con ello, en los niveles de bienestar social”.

La LDF genera un marco legal para fortalecer las finanzas públicas de los estados y municipios del país, a la vez que impulsa un uso más eficiente y ordenado del gasto público y de la contratación de deuda y obligaciones; fomenta la fiscalización, la rendición de cuentas y la transparencia, y prevé sanciones para los servidores públicos locales que no actúen con responsabilidad en la gestión de los recursos derivados de los financiamiento.

Esta Ley tiene tres objetivos específicos: 1) Establecer reglas de disciplina financiera, de contratación y registro de deuda; 2) reducir los costos de la deuda que contratan los estados y municipios, y 3) moderar el nivel de endeudamiento de los estados, municipios y otros entes públicos locales.

Para el logro de esos objetivos, la Ley establece cinco líneas de acción:

  • Reglas para la presupuestación y gasto de los recursos públicos, que transparenten y mejoren el uso de los mismos.
  • Requisitos y procedimientos para la contratación de financiamientos y obligaciones, que promuevan las mejores prácticas de mercado.
  • Otorgamiento del aval de la Federación sobre la deuda pública de los estados y los municipios, para reducir los costos de la misma.
  • Implementa, por mandato constitucional, un sistema de alertas para la medición de los niveles de endeudamiento de los entes públicos locales, sin precedentes en el país.
  • Crea al Registro Público Único, el cual inscribirá todas las obligaciones y empréstitos contratados por todos los entes públicos locales.

Asimismo, la LDF genera reglas específicas de fiscalización y sanciones, toda vez que la supervisión de su cumplimiento no recaerá sólo en órganos estatales, sino que también faculta a la Auditoría Superior de la Federación para realizar esa tarea, al igual que para fiscalizar la deuda avalada por la Federación.

Con esta Ley se generarán beneficios inmediatos, como la disminución, a través del aval del Gobierno Federal, de los costos de la deuda que hoy pagan los estados y municipios, y por la implementación de procesos competitivos transparentes para contratar la deuda.

Adicionalmente, en el mediano y largo plazos, el balance presupuestario y las medidas de responsabilidad presupuestaria generarán estabilidad de las haciendas locales, incrementando los niveles de inversión pública y bienestar social.

Con la LDF se fortalecen los principios de federalismo fiscal, se respeta la autonomía de las entidades federativas y de los municipios y se fomenta la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, a la vez que se concretan las acciones necesarias para hacer efectivas las medidas de carácter preventivo y correctivo para contar con finanzas públicas sanas.