Por: Redacción

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica De la Peña Gómez, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en materia de desaparición de personas, coincidieron en la necesidad de impulsar una ley general de personas desaparecidas que vigile, garantice y repare el daño de las personas víctimas de este delito.

Durante las audiencias públicas para la elaboración de una nueva ley de desaparición forzada, la senadora del Partido de la Revolución Democrática, dijo que esta no debe ser una ley cualquiera, sino que es necesario que sea promulgada bajo el consenso de la sociedad “y sin duda estamos obligados a construir una legislación que cumpla con el mandato constitucional”.

Por la organización Defensa Estratégica de Derechos Humanos, Sandino Rivero Espinoza, dijo que se deben reformar todas las leyes que puedan tener un impacto en el tema de desaparición forzada de personas.

Es fundamental que no sólo se aborde la desaparición forzada desde el aspecto penal, sino sobre todo como una violación grave a los derechos humanos, por la transgresión a la vida, libertad, seguridad personal, tortura y el impacto que tiene en el desparecido, su familia y la sociedad, puntualizó.

Ariana García Bosque, de la asociación Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, expresó que es necesario establecer políticas que no sólo estén encaminadas a la tipificación del delito, sino que erradiquen el mismo, a través de la reglamentación y regularización de las corporaciones del Estado.

Dijo que es necesario crear una Comisión que vigile el desempeño de las autoridades, a efecto de que cumplan con su obligación de investigar y dar seguimiento a las denuncias y que esté pendiente para que todos los derechos sean salvaguardados.

Por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja, Rita Palombo, delegada encargada a favor de las personas desaparecidas y sus familias, enfatizó que el elemento principal de un marco normativo que regula la desaparición de personas tiene que respetar y cumplir el derecho a saber de los familiares sobre sus víctimas, que incluye el mecanismo de búsqueda, tener una ruta de atención y reglas claras por parte de las instituciones que brindan el servicio a los familiares.

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La coordinadora forense para América Latina del Comité Internacional de la Cruz Roja, Ute Hofmeister, subrayó la necesidad de fortalecer el sistema forense, darle los recursos, los instrumentos y protocolos necesarios para que en el país se haga un trabajo de calidad, utilizando la identificación forense que es un método multidisciplinario manejado para una investigación de rigor científica.

Paola Burgos, aseveró que la Cruz Roja Internacional considera que la ley en esta materia debe vincular y establecer obligaciones específicas para todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno involucrados en la ejecución del Sistema Nacional de Búsqueda.

Ina Zoon, de Open Society Justice Initiative indicó que la ley debe cubrir la diversidad de situaciones en México, que no sólo sea un instrumento legislativo para el procesamiento de las desapariciones forzadas en el marco de la guerra contra las drogas.

Es fundamental que la ley establezca las bases para crear una estructura mixta de monitoreo y evaluación en su implementación a nivel estatal, de los paquetes legislativos, así como de sus recursos, expresó.

Javier Carrasco Solís, del instituto de Justicia Procesal Penal aseguró que usualmente es el Estado quien comete, por acción u omisión, el delito de desaparición forzada de personas “y por ello, se genera la desconfianza de la ciudadanía en sus instituciones”

Advirtió que en México no hay una investigación efectiva en el sistema acusatorio, no solamente porque el sistema es ineficiente, sino porque existen instituciones con falta de recursos, capacidad técnica y operativa para investigar.

María Magdalena Herrera, de Asociación Civil Familiares en Búsqueda y de la Red Enlaces Nacionales de Familiares Desaparecidos, demandó a los legisladores que cumplan con la tarea a la cual han sido delegados por parte de la sociedad y exigió que a los familiares y desaparecidos sean tratados como víctimas.

Juan Carlos Arjona Estévez, de la Universidad Iberoamericana, consideró importante establecer en la ley mecanismos de protección adecuada, que contenga un análisis de riesgo en el que pueden caer los familiares de un desaparecido al enfrentar poderes institucionales o delincuenciales en la búsqueda de su familiar.

Mario Vergara Hernández, de la Asociación “Los otros desaparecidos” de Iguala, Guerrero, exigió que en la búsqueda de personas desaparecidas se considere la participación de un perito independiente para la identificación de cuerpos víctimas de desaparición forzada.

El consultor y defensor de derechos humanos, Silvano Cantú Martínez, recalcó que este foro no sustituye la consulta directa a las víctimas y destacó que la legislación no debe presentarse como iniciativa preferente, ya que se puede “atropellar el proceso” ante el establecimiento de plazos a cumplir, así como se atropellaría a las víctimas y a su empoderamiento dentro del proceso que debe girar en torno a su visibilización.

Además, pidió a la senadora Angélica de la Peña apropiarse de las peticiones los expositores, en todos los momentos del proceso e implementación de la norma, que se acompañe y consulte a las víctimas, a fin de superar errores importantes que se enfrentan con legislaciones previas.

Finalmente, Nora Guillermina Tello Santana, presidenta de Mujeres de Michoacán, relató que es violentada, luego de que su esposo desapareció en un secuestro. Se dijo esperanzada de que con la llegada del nuevo gobierno a Michoacán cambien las cosas. Asimismo, subrayó que no ha obtenido ayuda por parte de las autoridades para dar con el paradero de su esposo desaparecido.