Por: Oscar Nogueda/

Idheas, Litigio estratégico en Derechos Humanos, y la Federación internacional por los derechos humanos (FIDH) denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la omisión del Estado mexicano en adoptar medidas que mitiguen los impactos de la crisis sanitaria sobre los derechos los familiares de personas desaparecidas en México.

“A 6 meses de nuestra audiencia temática con la CIDH sobre la crisis en materia de atención a víctimas en México, en la que se reconoció la falta de coordinación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de atención a víctimas (SNAV) como el principal obstáculo, volvemos a acudir ante la comisión para que intervenga y solicite al estado mexicano información precisa y actualizada sobre las estrategias tomadas para la gestión sanitaria y socioeconómica de la Covid-19”, apuntó Jéremy Reneaux, Subdirector de Idheas.

De acuerdo con la encuesta en línea realizada por Idheas en la que participaron 674 familiares de personas desaparecidas, provenientes de 19 estados del país, entre el 20 y 24 de mayo, se confirmó situaciones preexistentes precariedad económica, laboral y de salud en los familiares de las víctimas. Estas situaciones se exacerbaron por la situación del Covid-19, particularmente en mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.

Antes de la pandemia del nuevo coronavirus, una de cada cinco de los encuestados tenía un empleo formal, no obstante, dos de cada cinco pertenecían a la economía informal y una de cada cinco no tenia fuente de trabajo.

Aunado a ello, el estudio dio a conocer que 4 de cada 10 personas reportaron que su ingreso mensual, antes de la pandemia, era inferior a 2 mil 699 pesos. A pesar de ello, el 34.47 por ciento los familiares de las víctimas declararon haber perdido su trabajo debido al emergencia sanitaria y un 16.03 por ciento lo conservo con una reducción de sus ingresos.

Al mismo tiempo, 72.33 por ciento las personas señalaron una reducción sus ingresos económicos, lo que imposibilita a las familias un mayor acceso a la compra de alimentos, 38.51 por ciento de los encuestados, al pago de renta o hipoteca con el banco, un 28.16 por ciento, y al acceso de medicamentos, 19.09 por ciento de los familiares. Cabe destacar que el 72.85 por ciento de las personas que participaron e la encuesta señalaron tener menores de edad a su cargo.

En cuanto a las investigaciones de los casos, 53.72 por ciento de los familiares reportaron dificultades para adquirir información sobre las diligencias sus casos, por lo que calificaron que el apoyo de las autoridades ha sido deficiente. Las autoridades qué más fueron señaladas por la falta de apoyo fueron las municipales, seguida de las federales y las estatales.

Por tal motivo, Idheas y la FIDH hicieron un llamado al estado mexicano para dirigir la atención a las víctimas como una verdadera política de Estado ante la crisis que se vive en México, asimismo exhortaron a las autoridades gubernamentales a implementar una estrategia integral que permita promover, respetar, garantizar y proteger los derechos humanos los familiares de las víctimas de desapariciones en el actual contexto del país.