Por: Redacción/

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, ha llamado a las autoridades mexicanas a tomar medidas urgentes para poner fin a la ola de desapariciones forzadas en la ciudad de Nuevo Laredo y sus alrededores, situación sobre la cual hay fuertes indicios de que estos crímenes habrían sido cometidos por una fuerza federal de seguridad.

La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha documentado la desaparición de 21 hombres y dos mujeres, en Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, de febrero al 16 de mayo de 2018. Según una organización local de derechos humanos, habrían sucedido al menos 40 desapariciones durante este período.

De acuerdo con testimonios recibidos por la ONU-DH, estas desapariciones habrían sido perpetradas a menudo entrada la noche o al amanecer, por miembros de una fuerza de seguridad federal. Las personas habrían sido detenidas por personal uniformado mientras caminaban o manejaban por carreteras y según la información recibida, se han encontrado varios vehículos al lado del camino, quemados y baleados.

“Se informó que muchas de estas personas habrían sido detenidas arbitrariamente y desaparecidas mientras realizaban su vida cotidiana. Es particularmente horrífico que al menos cinco de las víctimas sean menores, tres de ellas muy jóvenes, tan sólo de 14 años. Estos crímenes, perpetrados durante cuatro meses en un solo municipio, son indignantes “, dijo Zeid.

El Alto Comisionado señaló que, a pesar de la amplia información y evidencia existentes, las autoridades mexicanas han avanzado poco en la localización de las personas desaparecidas y en la investigación de lo que les ha sucedido. En algunos casos, las familias han emprendido sus propias búsquedas, sin ningún tipo de protección, y así han encontrado hasta la fecha los cuerpos de al menos seis víctimas. Varias personas que atestiguaron los hechos han sido amenazadas y una fue desaparecida durante dos días.

“Es vital que las autoridades mexicanas realicen una búsqueda efectiva de las personas cuyo paradero aún sigue siendo desconocido y que lleven a cabo una investigación diligente, independiente y completa para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar que sean llevados ante la justicia. También deben otorgar protección a testigos y defensores, y proveer asistencia a los familiares de las víctimas”, dijo Zeid.

El 10 de mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió medidas cautelares, entre otras, a la SEMAR (Secretaría de Marina), para proteger a la población civil de Tamaulipas, sin embargo, al menos tres desapariciones han ocurrido desde entonces.

“Es extremadamente preocupante que estas desapariciones forzadas se produzcan pocos meses después de la aprobación de la Ley General de Desapariciones”, señaló el Alto Comisionado. “Lo que ha estado sucediendo en Nuevo Laredo es una prueba crucial para verificar si esta nueva Ley representa realmente el cambio que su adopción promete o si las desapariciones forzadas continuarán, seguidas de impunidad y falta de reparación a las víctimas”.

“Los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad de la población. En el caso de la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por funcionarios públicos, es aún más urgente que el Estado actúe para demostrar que no tolera la comisión de tales graves violaciones “, dijo el Alto Comisionado.