Por: Redacción/

La secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, diputada Graciela Zavaleta Sánchez (Morena), propuso exhortar a la Secretaría de Gobernación para que, en el ámbito de su competencia, revise las políticas penitenciarias y protocolos que incidan en el respeto de los derechos humanos de madres que se encuentran internas con sus hijas e hijos en los centros de readaptación social federal.

También plantea solicitar a la Comisión Nacional de Seguridad Pública implemente acciones a nivel estatal y municipal, para permitir adecuados procedimientos de ingreso, permanencia o egreso temporal o definitivo de los menores en esa circunstancia.

El punto de acuerdo, que analiza la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, precisa que, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 60 centros de reinserción y readaptación social en el país, albergan menores de edad que viven con sus madres.

Menciona que esta problemática tiene aspectos que requieren de una atención inmediata, pues, de acuerdo con especialistas, “la cárcel no es un lugar apropiado para que una madre pueda gestar a su bebé y, mucho menos, convivir con él una vez nacido”.

Los penales son inapropiados no solo porque las condiciones de seguridad e higiene son deficientes (frecuentes transgresiones a la intimidad y hacinamiento en los pabellones, entre otras), sino por la violencia a la que se ven expuestas las internas. Además, la falta de un servicio de salud y asistencia apropiado, juega un papel especial en la mujer embarazada (necesitan un régimen en las comidas, vestimenta, ejercicios para la salud, fármacos y demás cuidados).

Zavaleta Sánchez destaca que la CNDH ha revelado que las mujeres sufren maltrato y hay deficiencias materiales en los centros de readaptación, desigualdad y carencias en la alimentación, además de saturación y hacinamiento que perjudican el desarrollo de la maternidad.

Argumenta que las principales dificultades en los centros penitenciarios, observadas por la CNDH, se dieron en la insuficiencia de infraestructura que garantice una estancia digna; deficiencias en el servicio médico y en educación inicial y preescolar, así como en la alimentación, además de una inadecuada atención y clasificación.

De acuerdo con un estudio del colectivo Reinserta y el Instituto Nacional de las Mujeres, la mayoría de los centros penitenciarios permite la estancia de menores al interior hasta los seis años. El 23 por ciento de las mujeres tiene pensado sacar a sus hijas o hijos antes de la edad permitida; el 33 por ciento no piensa hacerlo antes (o no tiene una red de apoyo sólida para hacerlo) y el 44 por ciento no respondió a esta pregunta.

Por ello, considera fundamental atender la situación de la estancia de los infantes que viven en los centros de reclusión con sus madres; brindar alimentación suficiente y nutritiva; destinar instalaciones especiales para su vigilancia médica; establecer protocolos para el cuidado de las embarazadas o que recientemente hayan dado a luz o se encuentren lactando, y capacitar al personal en temas de derechos humanos que incidan en el interés superior de la niñez.

La diputada de Morena subraya que el sistema penitenciario mexicano debe brindar la atención a madres internas, y a sus niñas y niños que requieren condiciones específicas que garanticen plenamente sus derechos, de conformidad con los estándares internacionales y la normatividad aplicable en su caso.