Por Meztli Islas

Roberto Gil Zuarth, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, dio la bienvenida a los ciudadanos que entregaron el segundo paquete de firmas para que se presente por primera vez en la historia del país una iniciativa ciudadana, en este caso, la llamada Ley 3 de 3.

El legislador señaló que para que esto sea posible un “grupo de mujeres y hombres, ciudadanos, que dedican lo más valioso que tenemos las personas, que es el tiempo, un pedacito de vida, a construir bien público.

“Ellos se han dado a la tarea, a través de sus numerosas organizaciones ciudadanas, de juntar un número de firmas, suficientes y mucho más de las necesarias, son ya 634 mil firmas en total; para avalar, para presentar ante este Senado la iniciativa ciudadana que se ha llamado Ley 3 de 3”.

En ese marco, Enrique Cárdenas Sánchez director ejecutivo del Centro de Estudios Espinoza Yglesias dijo: “tengo el alto privilegio de presentar al Senado de la República este segundo gran paquete, con 324 mil 667 firmas de mexicanos y mexicanas que apoyan la iniciativa ciudadana de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como la Ley 3 de 3”.

Este paquete se suma a las 309 mil 476 que fueron entregadas  el pasado 17 de marzo y con ello se contabilizan  634 mil 143 firmas de ciudadanos.

“Es evidente el interés de la sociedad, porque el grave problema de la corrupción que lacera todos los ámbitos de nuestra vida política, económica y social, se resuelva de una vez por todas. La sociedad ha dicho, con fuerza y claridad, que la corrupción es intolerable, que no se trata de un tema cultural, sino de instituciones que no han funcionado; que tenemos un estado de derecho endeble y que se aplica con discrecionalidad.

 “Se trata de erradicar un sistema que ha permitido que funcionarios y particulares abusen de la confianza y autoridad depositada, que desvíen recursos públicos de los fines para los que se habían autorizado, que se extorsione a personas, empresas y todo tipo de organizaciones, que se tenga que pagar por servicios que el Estado provee teóricamente sin costo alguno, que haya conflicto de interés en la labor pública, así como otras conductas de corrupción que están claramente definidas en la Ley 3 de 3″, dijo Cárdenas Sánchez.