Por: Redacción/

La Comisión Permanente recibió una notificación de la Secretaría de Gobernación, donde informa que ya se trabaja, junto con actores nacionales e internacionales, en la construcción de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar el Desplazamiento Forzado Interno.

Dicha dependencia federal respondió a un dictamen aprobado por el Senado -el pasado 4 de abril- donde le solicita otorgar alimentación y alojamiento a las víctimas de desplazamiento forzado en Guerrero y en los estados donde se presenta este fenómeno. La respuesta fue recibida por la Comisión Permanente en su sesión del 22 de mayo.

En el dictamen, aprobado por los senadores, se señala que el desplazamiento forzado interno en México ha aumentado en los últimos años a causa de la violencia suscitada por el combate al crimen organizado.

Se destaca que en el caso de Guerrero, en las regiones de Tierra Caliente, Zona Norte, Centro, parte de la Costa Grande y Acapulco, aumentó el número de casos de desplazamiento forzado de familias, amenazadas por grupos de la delincuencia organizada.

Refiere que en Chiapas hay 6 mil 090 personas desplazadas; en Guerrero 5 mil 948; en Sinaloa 2 mil 967; en Oaxaca 2 mil 700, y en Michoacán mil 350 personas.

En tanto, en Chihuahua hay 693 personas desplazadas de sus comunidades; en Durango 365; en Zacatecas 230; en Coahuila suman 47.

Se explica que, de las modalidades de violencia para provocar el desplazamiento de comunidades, 76 por ciento se hace con armas de fuego, 60 por ciento vía amenazas e intimidación, 56 con ataques a cultivos o negocios y 16 mediante reclutamiento forzado.

Al respecto, la Secretaría de Gobernación informó a los legisladores que el objetivo de la nueva ley es definir y establecer las bases para la aplicación de medidas urgentes, que beneficien a personas en esta situación.

“Esta secretaría de Estado planea realizar mesas de trabajo interinstitucionales con los actores clave, nacionales e internacionales en la materia, así como identificar a los líderes de las comunidades que se han visto afectadas, a fin de generar acciones conjuntas en beneficio de quienes se han visto perjudicados por estos hechos”, precisa la respuesta.

Agrega que dentro de dichas acciones se buscarán puentes de coordinación y cooperación con organismos internacionales con experiencia probada en el tema, como la Organización Internacional para las Migraciones.

Recuerda que en marzo de este año, la subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población, tuvo reunión de trabajo con otras dependencias, sobre el particular.

Dentro de los acuerdos alcanzados, se nombró a los enlaces para atender este fenómeno en Chiapas y Guerrero, así como acciones inmediatas para atender a las personas desplazadas.

También se acordó llevar ayuda humanitaria a la población más vulnerable en las localidades de Chenalhó, Chalchihuitán y Aldama, en Chiapas; en Leonardo Bravo, Eliodoro Castillo y en otras zonas que resulten prioritarias, en Guerrero.

Para las acciones de fondo, Gobernación indicó que se realizará un diagnóstico para conocer la situación que guarda el territorio nacional en los siguientes ejes: salud, vivienda, educación, servicios, empleo, cultura y economía, a efecto de generar un plan específico que permita la atención conjunta de la población.

En Chiapas buscará fortalecer y acelerar los censos para la entrega de apoyos necesarios, con la colaboración de la Universidad Autónoma de Chiapas. Se contará con un padrón del total de personas desplazadas. Los beneficios comprenderán la indemnización a viudos, huérfanos. También se planean proyectos productivos, de la mano de las comunidades, gobiernos estatales y municipales.