La oficina norteamericana apuntó que la FGR solicita pagos a las víctimas para iniciar la investigación de los delitos, además abogados defensores denunciaron que tienen que pagar 5 mil pesos para el acceso a documentos de sus clientes.

Por: Oscar Nogueda/

A un año de las labores de Alejandro Gertz Manero, primer fiscal autónomo, La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) apuntó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene actos de corrupción internos y un presupuesto limitado para sus operaciones.

“La FGR debe tener un presupuesto operativo suficiente y al mismo tiempo tomar medidas para eliminar a los funcionarios con antecedentes de alteración de evidencia, de tortura de personas sospechosas, o de alterar las investigaciones de cualquier otra forma. También debe poner fin a la corrupción interna que tradicionalmente ha dictado qué casos reciben atención y cuáles se quedan en el limbo”, señaló la WOLA.

En el informe de agosto del 2020, la oficina norteamericana apuntó que la FGR solicita pagos a las víctimas para iniciar la investigación de los delitos, además abogados defensores denunciaron que tienen que pagar 5 mil pesos para el acceso a documentos de sus clientes.

“Las víctimas siguen informando que tienen que pagar un soborno para que el personal de la FGR abra una investigación sobre el crimen que sufrieron.De la misma manera, algunos abogados defensores dicen que han tenido que pagar sobornos de hasta MXN$5 mil para tener acceso a documentos sobre el caso de su cliente, acceso que debería ser gratuito de acuerdo con la ley mexicana”, apuntó la WOLA.

Igualmente, las autoridades de Estados Unidos dieron a conocer a que la Fiscalía mexicana ha vendido información confidencial de los denunciantes a los grupos crimínales, además personal de la FGR ha sido denunciado por extorsionar a las familias de los detenidos, pidiendo un soborno a cambio de las liberaciones.

“FGR ha sido acusado de vender información confidencial sobre víctimas y denunciantes a grupos criminales, amenazando severamente la integridad de investigaciones penales, así como la seguridad de quienes denuncian delitos. La extorsión también parece prevalente: ha habido información acerca de personal de la FGR que promete a las familias que liberarán a su ser querido detenido a cambio de un soborno, incluso cuando el detenido ya había sido autorizado para la liberación”, declaró la WOLA.

Entre enero del 2019 y abril del 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 586 quejas por violaciones de derechos de la FGR. Los hechos denunciados van desde tratos crueles, inhumanos y degradantes hasta la negación de servicios urgentes de salud.

“La tortura y otras violaciones de derechos humanos siguen siendo frecuentes en las investigaciones penales. Entre enero de 2019 y abril de 2020, la CNDH recibió 586 denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por personal de la FGR. Las quejas van desde informes de trato cruel, inhumano y degradante, hasta la negación a proporcionar servicios urgentes de salud o de atención psicológica a los detenidos”, agregó la WOLA.

Para el 2020, la Fiscalía General recibió un aumento presupuestal del 14.5 por ciento en comparación con el 2019, sin embargo, la WOLA destacó que es inferior al destinado desde el 2011.

Igualmente, la Oficina norteamericana agregó que la mayoría del presupuesto se destinó a mantener las estructuras de la antigua Procuraduría General de la República (PGR), ya que solo el 0.11 por ciento del presupuesto total se dirigió al órgano de transición de la FGR y al cumplimiento total de la Ley Orgánica de la FGR.

“Los cuerpos responsables de resolver ciertos delitos de bajo impacto a través del sistema de justicia alternativa, que son críticos para reducir el gran atraso que afecta al sistema de justicia federal, sufrieron una disminución del presupuesto del 3.4 por ciento respecto de 2019”, detalló la WOLA.

La Oficina del gobierno estadounidense puntualizó que los casos judicializados incrementaron en un 17 por ciento, así como las condenas dictadas aumentaron en un 37 por ciento en comparación con el 2018. A pesar de ello, remarcó que no es posible medir la importancia de este incremento sin información de los casos.