Por. Redacción/

La política hídrica debe carecer de color, como el agua misma, por ello es importante que la ciudadanía esté integrada a partir de hoy y hacia el futuro en las políticas públicas, a fin de prever posibles desastres hídricos como los ocurridos en los últimos días por el cierre de válvulas en distintos lugares de la Ciudad de México.

Así lo declaró la Presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua en la Asamblea, Wendy González Urrutia al dar la bienvenida a las organizaciones de la Sociedad Civil que buscan coadyuvar con el gobierno para mejorar la sustentabilidad de la ciudad.

“Se debe impedir que sean utilizadas para crear caos, crispación social o sabotaje, con un elemento tan delicado como el agua, como sucedió en días pasados, donde de manera dolosa fueron manipuladas numerosas válvulas hidráulicas, en perjuicio de ciudadanos y la paz social”.

En la Ley de Sustentabilidad Hídrica, que fue aprobada en el Pleno de la Asamblea Legislativa, se contempla la existencia de un Consejo Técnico Asesor, el cual integra a la Sociedad Civil, academia y gobierno, con objeto de crear gobernanza participativa, integrando a los tres grandes sectores involucrados en la gestión del líquido vital.

El ordenamiento de Sustentabilidad Hídrica es una ley de avanzada, que contempla a toda la sociedad, tanto para orientar la toma de decisiones, como para dar transparencia en la fiscalización al organismo operador del agua, es un instrumento jurídico que pone a la sociedad en la mesa donde se dirime la política pública, que resguarda el derecho humano al agua.

Dijo que día a día surgen agrupaciones ciudadanas, de académicos o activistas, que quieren aportar su visión, su experiencia y sus conocimientos, ya sea para fortalecer las política hídrica o para vigilar y dar transparencia.

Ahora bien, de acuerdo a la nueva constitución de la Ciudad de México, en el artículo 26 de “Democracia participativa”, se establece que: La ley establecerá los procedimientos y formas institucionales que posibiliten el diálogo entre las autoridades y la ciudadanía, para el diseño presupuestal y de los planes, programas y políticas públicas, la gestión de los servicios y la ejecución de los programas sociales.

Entre otros, los de consulta ciudadana, colaboración ciudadana, rendición de cuentas, difusión pública, red de contralorías ciudadanas, audiencia pública, asamblea ciudadana, observatorios ciudadanos y presupuesto participativo.

Así mismo, en el transitorio trigésimo séptimo, se establece que la contraloría ciudadana para el organismo público encargado de la gestión sustentable del agua será integrada por usuarios y especialistas, en los términos de la ley de la materia.

“Todos estamos de acuerdo, en la problemática que genera la sobreexplotación de las aguas subterráneas, como son los hundimientos diferenciales de hasta 40 centímetros al año, pérdidas del agua por fugas de hasta un 40 por ciento, severas inundaciones y cada día menor abasto regular del servicio”.

No obstante, agregó que con buenas intenciones no se resuelve el problema, es necesario asegurar un presupuesto creciente al organismo operador de la infraestructura hídrica, que se base en una planeación a largo plazo.

“Pues es bien sabido, que todo derecho humano decretado, sin presupuesto, es demagogia”.

Con la intención de frenar una posible crisis hídrica, la panista hizo un exhorto a toda la sociedad civil organizada, a integrarse a los espacios que ofrece esta iniciativa, con la experiencia y el conocimiento de todos, “haremos posible que se garantice el derecho humano al agua y al saneamiento, pugnando por un presupuesto progresivo y evitando los terribles recortes presupuestales, que han afectado a los organismos operadores del agua y por ende a toda la ciudadanía”.