Por: Redacción/
Los niños que viven con sus madres en prisión, además de estar privados de su libertad, son vulnerados en sus derechos básicos, como son tener una sana alimentación, educación formal, esparcimiento o en la atención de su salud, señala un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.
En la investigación de la doctora Carla Angélica Gómez Macfarland sobre los “Menores que viven con sus madres en centros penitenciarios: legislación en México”, se destaca que el marco legal no brinda seguridad jurídica ni a los infantes ni a sus madres respecto de la edad en que las hijas e hijos deben abandonar los centros penitenciarios.
A pesar de que la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada hace poco más de un año, establece que la edad máxima para estar en un centro penitenciario es de 3 años, diversas leyes de ejecución de penas y sanciones a nivel local, así como reglamentos difieren de aquella edad.
La falta de armonización legislativa, se menciona en documento del IBD, produce inseguridad jurídica a aquellos destinatarios de la norma y, por lo tanto, vulnera el principio de interés superior de la niñez.
De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2015, en el año 2014 había 549 menores de 6 años viviendo con su madre en los centros penitenciarios del país. Del total, 247 niños tenían menos de un año, 126 un año, 94 niños tenían la edad de 2 años, 53 tenían 3 años, 16 cuatros años y 13 niños tenían cinco años.
Los centros penitenciarios de la Ciudad de México tienen la mayor población de menores de 6 años viviendo con sus madres que cualquier otra entidad. Le siguen Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Estado de México y Chiapas; con 105, 52, 51, 41, 32 y 31, respectivamente.
La investigación también destaca que aquellos menores que se encontraban prácticamente invisibles han comenzado a salir a la luz, sus necesidades y su desarrollo fueron considerados en la Ley Nacional de Ejecución Penal de la materia y es objeto de diversas iniciativas en la presente legislatura.
En el documento del IBD, se dice que aún hay discrepancia en las legislaciones nacional, local e internacional, y pocas acciones del Poder Ejecutivo para garantizar el desarrollo óptimo de los más de 500 menores que viven en prisión con sus madres.
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