Por: Redacción/

Ante el aumento del 900 por ciento en la detención de menores migrantes no acompañados en las estaciones fronterizas, la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, diputada Julieta Kristal Vences Valencia (Morena), se pronunció por salvaguardar sus derechos humanos.

“Estamos preocupados que este tipo de situaciones sigan sucediendo; esta comisión presentó, hace algunos meses, el protocolo para atender a las niñas, niños y adolescentes no acompañados, porque cuando llegan en las caravanas los envían a las estaciones y no se les puede dar el mismo trato que a los adultos”, afirmó.

En el marco del “Parlamento abierto sobre migración y refugio”, convocado por la instancia legislativa, Vences Valencia demandó amparar los derechos humanos y priorizar el interés superior de la niñez con un enfoque transversal entre las dependencias públicas.

Explicó que se envió el protocolo a las estaciones migratorias, pero a pesar de eso continúan sucediendo estos casos. “Seguiremos insistiendo que se les dé un trato distinto y que se aparten de la población general, que se había solicitado, porque no puede darse el mismo trato a los menores no acompañados ni para la comunidad LGBTTTI”.

Los protocolos tienen que individualizarse a las circunstancias de cada persona migrante, como se ha pedido desde esta comisión. “No vamos a quitar el dedo del renglón y vamos a insistir en que se haga, para evitar los lamentables casos que siguen sucediendo en el país”, advirtió.

Indicó que presentó una iniciativa para incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) un anexo transversal que atienda específicamente la migración de manera integral.

El presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Norte, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI), se pronunció por aumentar el presupuesto para atender el fenómeno migrante. Expresó su preocupación por la disminución presupuestal 2020 para el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Relaciones Exteriores, por debajo de los recursos asignados en 2018 (más de 9 mil millones de pesos), al ubicarse en 8 mil 723 millones de pesos.

Criticó la ausencia del nuevo titular del INM, Francisco Garduño Yáñez, en este parlamento abierto. Consideró conveniente sostener, en breve, una reunión de trabajo con él.

“Vale la pena hacer un esfuerzo para que esté con nosotros y escuchar sus opiniones sobre el presupuesto enviado, porque el instituto participa en definirlo, sobre todo, porque el anterior comisionado había dicho que era insuficiente”, comentó.

Pidió reforzar la protección de los derechos humanos de los migrantes para que no se les criminalice y destinar más recursos a las instancias gubernamentales encargadas de atenderlos, tanto nacionales como extranjeros.

Hacia el INM la reducción asciende a 300 millones de pesos, para fijarse en mil 487 millones de pesos, sin contemplar la inflación acumulada.

La presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, diputada Rocío Barrera Badillo (Morena), sostuvo que la migración es un tema pendiente en México al que se debe dar atención prioritaria, sobre todo en la frontera por los altos índices de inseguridad que prevalecen.

“Si no trabajamos en coordinación con legisladores, expertos y autoridades va a ser muy difícil atenderlo”.

Refirió la importancia del presupuesto 2020, que si no se le atiende “vamos a tener las mismas carencias y problemas en la entrega de documentación a migrantes y permisos de asilo, generando conflictos en las fronteras norte y sur”.

Pidió el apoyo de los expertos para conocer las necesidades, a fin de que aporten sus conocimientos y experiencias en la modificación del marco jurídico que dé celeridad a atender la migración.

Vanessa Del Castillo Ibarra, diputada de Morena, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, planteó la conveniencia de reducir recursos financieros a los partidos políticos para redireccionarlos a áreas prioritarias de atención, como la migración.

Se refirió también a la disminución del número de diputados plurinominales, debido a que representan un gasto excesivo.

Resaltó que los mecanismos internacionales ratificados por México en materia de migración deben coadyuvar a generar condiciones de atención digna y respeto para todas las personas que pasan por el país. Propuso revisar las causas que generan la migración, donde destacan la falta de oportunidades laborales y la violencia en sus países de origen.

Andrés Ramírez Silva, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), apuntó que ante el aumento en las peticiones de asilo a México se requiere más presupuesto para 2020, por la compleja situación del fenómeno migratorio, al convertirnos en país de origen, tránsito y destino del flujo de personas.

Informó que hasta hoy ascienden a 60 mil las solicitudes de refugio, más del doble al registrado el año pasado, por el desplazamiento forzado en el ámbito nacional y mundial, cuyo récord se está rompiendo. México ocupa un lugar importante al que le solicitan protección internacional a través de asilo.

Destacó que más del 71 por ciento de los migrantes que piden asilo son niñas, niños, adolescentes y mujeres, debido a situaciones económicas, laborales, sobre todo, por la violencia que prevalece en sus países de origen e inestabilidad política. La migración y refugio cobra una mayor relevancia, aseveró.

Mark Manly, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México, sostuvo que nuestro marco jurídico en muchos aspectos es ejemplar, al contemplar acceso a protección y ejercicio de derechos; sin embargo, hay vacíos legales que fomentan el ingreso irregular al país, porque a los migrantes que solicitan asilo se les remite a las estaciones, prefieren no hacerlo por las condiciones y trato que reciben.

Consideró la conveniencia de armonizar la Ley de Migración respecto a refugiados con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. “Es una agenda pendiente que tiene el Congreso de la Unión”, además de destinar un mayor presupuesto a la Comar para que atienda a más migrantes.

Se pronunció por fortalecer el sistema de protección a refugiados en México que defina los intereses de la sociedad y economía, debido a que ha aumentado el porcentaje de migrantes que quieren quedarse en el país por el miedo a la violencia, a eso se debe el incremento en la petición de asilo. Propuso desplegar programas para reinsertarlos a actividades laborales en las entidades, porque colaboran con el pago de sus impuestos.

Jesús Salvador Quintana Roldán, director general de la Quinta Visitaduría de la CNDH, resaltó que la asignación de recursos debe tener la visión del respeto a los derechos humanos y trato digno a todas las personas. “Se tiene que dar un presupuesto que los proteja, si no se basa en esto, no va a dar buenos frutos. Es preocupante la situación de migración en el país”, que exige políticas públicas con suficiente dinero.

Sugirió fortalecer el presupuesto de la Comar, la cual carece de infraestructura física y humana, lo que dificulta atender a los migrantes en condición de asilo. Criticó las condiciones en que laboran las estaciones migrantes que no otorgan una atención digna a las personas extranjeras.

Ana Mercedes Saiz Valenzuela, directora ejecutiva de la asociación civil Sin Fronteras, se pronunció por elevar el gasto de 2020 para la Comar, debido a que ha aumentado en 900 por ciento la detención de menores migrantes, de 2011 a la fecha, al “ejercerse una política cruel y violenta en su contra”.

En el PEF está parte de la solución a los retos del fenómeno migrante y solicitudes de refugio, porque la violación de derechos de los extranjeros que ingresan a nuestro país genera más violencia, rompimiento del tejido social y no abona a pacificar a México.

Se debe invertir el dinero en la dirección correcta, como reforzar a la Comar para que atienda a las personas que solicitan asilo, impulsar procedimientos ágiles en la regularización de documentos y en acciones de integración, porque salir de su país es el último recurso para sobrevivir de persecuciones políticas o del crimen organizado.

A nombre de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Celeste González Camacho, indicó que entre 120 y 150 mil mexicanos deportados al año regresan de Estados Unidos. Propuso diseñar una estrategia para insertarlos en labores productivas, con el objetivo de aprovechar su experiencia y conocimientos.

Angélica Ivonne Cisneros, jefa de Unidad de Atención a Población Vulnerable, de la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) , apuntó que el mayor desafío para atender a la niñez migrante acompañados y no acompañados es la falta de espacios adecuados para albergarlos y cuidarlos de forma integral.

Propuso que el Legislativo y Ejecutivo, junto con las asociaciones civiles, trabajen coordinadamente. Para lograrlo, explicó, el SNDIF modificó un estatuto orgánico a fin de dar certeza jurídica y ajustar sus actividades.

Participaron también las asociaciones civiles, Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, Agenda Migrante, Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria y la Coalición Internacional en Contra de la Detención. Coincidieron en que las políticas públicas requieren un enfoque que dé prioridad a la protección de la niñez migrante no acompañada, porque es la población más vulnerable y que no recibe un trato digno.

Alertaron el aumento en el flujo de migrantes en la frontera norte, cuyas ciudades tienen las tasas delictivas más altas. Las organizaciones criminales han diversificado su negocio al dedicarse al tráfico y trata de migrantes.