A raíz de una invitación formulada por el Gobierno Federal a principios de 2015, el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una visita a México del 28 de septiembre al 2 de octubre del presente año, como parte de su mandato de promoción de la observancia y la defensa de los derechos humanos en el Continente Americano, de acuerdo con el artículo 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En el marco de la política de cooperación del Estado mexicano con los organismos internacionales de derechos humanos, la visita de la CIDH permitirá fortalecer el diálogo con las autoridades competentes, tanto federales como locales, no sólo en lo que toca a desarrollos relevantes en materia de derechos humanos, sino también para la efectiva atención a casos individuales que se encuentran en trámite ante el órgano interamericano. Además, la Comisión sostendrá encuentros con legisladores, funcionarios judiciales, órganos autónomos de derechos humanos, así como con organizaciones de la sociedad civil de nuestro país.
La visita se da en un importante contexto de transformación de la CIDH, que se ha enfocado sobre todo a dotarla de una mayor eficiencia en el tratamiento de asuntos sobre posibles violaciones de derechos humanos, en aras de asegurar a las víctimas una reparación integral acorde con estándares internacionales.
Debe destacarse que México ha sido uno de los principales promotores del fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, lo que lo llevó a presidir un importante esfuerzo en el seno de la OEA que resultó, entre otros, en reformas al Reglamento de la Comisión, adoptadas en 2013 y orientadas a dotarla de la eficacia y transparencia necesarias para atender los retos en materia de derechos humanos en el Continente.
De esa forma, la visita permitirá a la CIDH cumplir su mandato de promoción de los derechos humanos en el Continente, además que será una oportunidad para profundizar el diálogo para la atención y resolución de peticiones individuales pendientes que, en algunos casos, se encuentran en trámite ante la CIDH desde la década de los noventa.
Ello, en atención a la prioridad y deber del Estado de asegurar a víctimas de violaciones a derechos humanos una reparación efectiva y acorde con la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados relevantes.
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