Por: Redacción/

El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), de la Cámara de Diputados, planteó visibilizar el trabajo agrícola no remunerado que realizan las mujeres rurales y campesinas, dado que el 38 por ciento carece de ingreso.

Uno de los retos de México es consolidar la perspectiva de género en los programas de desarrollo sustentable y en el marco constitucional, establece el ensayo “La Constitución de 1917: La mujer y su aportación en el desarrollo rural sustentable”, realizado por el centro de estudios.

También destaca la necesidad de ejecutar políticas gubernamentales para fortalecer la capacidad de autogestión de las mujeres del campo en actividades productivas y cambios cualitativos en su calidad de vida, al reconocerse la importancia del valor económico, social y de subsistencia del trabajo agrícola no remunerado que realizan.

En México, la mujer desempeña un papel fundamental en la gestión, conservación, protección, restauración y aprovechamiento de los recursos naturales; por ello, es necesario orientar las acciones de gobierno hacia la construcción del desarrollo rural sustentable a partir del reconocimiento de las diferencias de género, considera.

El documento sostiene que “los responsables del diseño de políticas sociales en México tienen el compromiso de impulsar un marco normativo que garantice el desarrollo de la mujer rural en todas sus fases: económica, social, educativa y de salud; sin esta proyección queda indefensa, sin alternativas ni soluciones que le permitan responder ante los nuevos retos”.

Resalta que hoy más que nunca es indispensable lograr un pacto mundial que sensibilice a las generaciones presentes y futuras sobre la importancia de la mujer en el desarrollo rural sustentable.

Sin duda, del texto constitucional se puede desprender un conjunto de principios o decisiones políticas fundamentales que pueblo y gobierno han adoptado para el reconocimiento de los derechos de las mujeres, permitiéndole a la mujer rural incorporarse desde distintos ámbitos a la construcción del desarrollo rural sustentable.

Es tiempo de que México aspire a un mayor potencial con el soporte de la otra mitad de la población, por lo que la protección de los derechos de las mujeres rurales debe estar contemplada en leyes y políticas nacionales, armonizadas con las normas internacionales en materia de derechos humanos.

La investigación del CEDRSSA refiere que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) considera a las mujeres las principales productoras agrícolas y clave en el sostenimiento de la seguridad alimentaria de los países; también realizan los mayores esfuerzos y quienes menos ingresos perciben, ya que el 38 por ciento de las mujeres carece de ingreso.

Las principales actividades de estas mujeres son la agricultura, ganadería, silvicultura, caza, pesca y artesanía, lo cual supera 17 veces las tareas en las zonas urbanas.

A pesar de su incorporación al ámbito laboral y que trabajan jornadas dobles, considerando las tareas domésticas que desempeñan sin remuneración, 32.7 por ciento trabaja por su cuenta (no son asalariadas) y 16.3 por ciento no obtiene remuneración alguna.

El 51 por ciento carece de prestaciones de salud e igual porcentaje no tiene prestación de ningún tipo, “colocándose en el desamparo absoluto”.

Seis de cada diez mujeres rurales no cuentan con contrato escrito que les garantice estabilidad en sus ingresos; 31 por ciento sólo recibe un salario mínimo y únicamente 18 por ciento asume jornadas laborales de 48 horas a la semana.

Las condiciones educativas y laborales que afrontan las mujeres de las áreas rurales de México, propician que se acentúe la brecha de desigualdad prevaleciente en el campo, y 66.6 por ciento de la población en pobreza extrema del país, está conformada por población rural.

El documento refiere que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), estimó que en 2012, 27.6 millones de mujeres estaban en condiciones de pobreza y 8.5 millones son de un contexto no urbano, equivalente a que seis de cada diez mujeres rurales en el país se encuentran en situación de pobreza y más de tres millones viven en pobreza extrema.

En tanto, 93.5 por ciento de las mujeres rurales mexicanas son vulnerables por “carencias sociales” (alimento, educación, servicios de salud, servicios públicos, vivienda y otros).

A ello se suma que ante la migración de los varones no sólo a áreas urbanas sino al extranjero, particularmente a Estados Unidos, en busca de trabajo mejor remunerado, las mujeres jefas de familia se quedan en su localidad asumiendo una mayor y más directa participación para recuperar la economía rural del país.

Tendencia que ha “feminizado la agricultura” con enormes desventajas, ya que actualmente tienen que enfrentar problemas como falta de titularidad de las tierras (los dueños son los hombres, muchas veces emigrados), acceso a créditos (sistemáticamente se les niegan), a recursos y a asistencia técnica.

Todo esto sin considerar que su incorporación a dichos procesos productivos en condiciones de desventaja cultural, social, económica y académica, no las releva de las actividades propias de su género, como cuidado y educación de hijos, y ser su sustento económico, que las “avasalla de tiempo completo”.

Destaca el documento el derecho femenino a la tenencia de la tierra, ya que es constante su preocupación al respecto para que el desarrollo rural sustentable se mantenga como sostén económico, tanto individual como colectivo.

La investigación del CEDRSSA apunta que las mujeres han logrado obtener sus derechos agrarios a partir de un gran esfuerzo individual y de un complejo proceso de negociación en el seno de la familia, particularmente con el cónyuge titular.

“Poco más de la mitad de las actuales ejidatarias y comuneras heredaron la tierra que poseen, mientras que una quinta parte la obtuvo mediante cesión gratuita; en ambos casos de manos del cónyuge o del padre, principalmente, o de la ejidataria titular”, establece.

Además, requieren crédito oportuno y barato, acceso a la tecnología, inclusión y capacitación técnica para aumentar su producción y apoyar con redes de comercialización para la venta de sus productos.