• El CASEDE puntualizó que la empresa RCU Sistemas, quien es la única que provee toda la tecnología de seguridad del mecanismo, ha presentado irregularidades como falta de capacitación y comportamiento poco ético en el programa de acompañamiento.

Por: Oscar Nogueda y César Dorado/

A siete años de la creación del Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de derechos humanos (MPPDDH), Organizaciones de la Sociedad Civil y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) han mostrado las deficiencias estructurales del mecanismo, así como el aumento de personas beneficiarias en los últimos años.

En entrevista para Mugs Noticias, Armando Rodríguez Luna, Director de Proyectos del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE) externó que “lo primero que hay que señalar del mecanismo es que cuando se crea en 2012, todo este proceso de diseño responde básicamente a una reacción ante la emergencia que entre 2008 y 2010 particularmente mostró un incremento muy fuerte de agresiones contra periodistas, desapariciones y tortura. El mecanismo es una reacción ante estas condiciones de violencia agravadas en aquellos años, entonces, buscan atender, principalmente, una vez, que ya se cometieron las agresiones, es decir, su diseño es reactivo principalmente porque buscaba generar medidas de protección una vez una vez que se solicitaba por ya había una agresión”.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUDH) agregó que la carencia de este enfoque preventivo es la causa de la disminución de riesgo en solo 10 casos del 2017, por lo que remarcó la necesidad aplicar un enfoque preventivo al mecanismo que ayude a la disminución de protección individual. De lo contrario, sentenció que el MPPDDH se volverá ineficaz e insostenible porque, con la tendencia creciente de casos admitidos, en el 2024, 3 mil 400 personas necesitaran la protección federal.

De acuerdo con la solicitud de información 401500000520, las personas beneficiarias del mecanismo ascienden a mil 169 hasta marzo del año en curso, siendo el 2019 el año con más individuos con necesidad de protección federal con 391 beneficiarios.

El 66. 9 % de los integrantes del mecanismo son defensores de derechos humanos, mientras que el 33 % son periodistas. Desde la creación de este instrumento de protección, las mujeres periodistas beneficiarias son 108, mientras que 278 son hombres. En el caso de los activistas integrados al mecanismo, 401 son mujeres y 382 hombres.

Por otro lado, las entidades federativas que concentra un mayor número de activistas adheridos al mecanismo son la Ciudad de México con 102, Chiapas con 90, Oaxaca con 83, Michoacán con 74 y el Estado de México con 63.

Los estados con más mujeres activistas integradas a este instrumento son la Ciudad de México con 55, Michoacán con 51, Chiapas con 33, Jalisco con 32 y el Estado de México con 3.A pesar de ello, Aguascalientes, Campeche, Colima y Durango no cuentan con el registro de ningún defensor beneficiario.

En cuanto a los comunicadores que integran el mecanismo, la capital del país suma 63 periodistas en el mecanismo, le sigue Guerrero con 47, Tamaulipas con 43, Quintana Roo con 30 y Veracruz con 24.  En ese sentido, los estados con más mujeres periodistas adscritas a dicho sistema de protección son la Ciudad de México con 21, Guerrero con 13, Quintana Roo con 10, Tamaulipas y Veracruz con 8.

Entre el 2017 y el 2019, las autoridades federales han registrado 6 homicidios de personas que pertenecías al mecanismo de protección, de las cuales dos fueron activistas y cuatro periodistas. Ante esta situación, Rodríguez Luna manifestó que estos asesinatos se deben a la ineficacia de las medidas de protección debido a que no eran las adecuadas al contexto de las personas.

“Respecto a la primera parte, sí existe, lamentablemente, un incremento de asesinatos a periodistas que gozaban o que tenían una medida de protección del mecanismo, principales razones que no funcionaron estas medidas y esto redundó en que valieron las vidas de estas personas que las medidas de protección no eran las adecuadas, y no eran las adecuadas porque no correspondían con el contexto específico, ya sea político, social o criminal, en el cual la persona periodista desempeñaba sus actividades”, indicó Luna.

LAS FALLAS DE UN MECANISMO DE PROTECCIÓN QUE DEBE PROTEGER

Organizaciones de la Sociedad Civil, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y beneficiarios del mecanismo de protección han denunciado las fallas de este instrumento, entre las cuales destacan la falta de recursos humanos y económicos para su funcionamiento, la nula coordinación de las autoridades federales y estatales en las medidas de protección, así como su carácter reactivo.

En noviembre del año pasado, Aarón Mastache Mondragón, Comisionado Ejecutivo Nacional del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, reconoció la carencia presupuestal y de recursos humanos para otorgar protección a periodistas y activistas, así como el aumento de asesinatos de personas que eran integrantes de este.

El pasado 9 de junio del 2020, Mastache Mondragón solicitó a la Secretaria de Hacienda, 187 millones de pesos adicionales para el ejercicio del año actual, ya que el presupuesto asignado a principios del año es insuficiente. Además, destacó que desde el inicio del mecanismo hasta la actualidad se han duplicado los beneficiarios.

La falta de recursos económicos ha sido una constante durante la existencia del MPPDDH. En el 2018 gastó 275 millones de pesos, sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación encontró un monto comprometido por 42 millones 558 mil pesos por la falta de pago de servicios al proveedor de los meses de noviembre y diciembre del 2018.

Por ello, los recursos disponibles para iniciar el 2019 eran de 6 mil 275 millones de pesos para el rubro de servicios. La ASF sostuvo que los recursos eran insuficientes para que el mecanismo atendiera los compromisos que tenía y los que se presentaran en un futuro.

El presupuesto que se le asigno para el año pasado fue de 207 millones de pesos, 68 millones menos de lo ejercido en el 2018. Para el año en curso, los recursos económicos ascendieron a 227.6 millones de pesos.

“No hay una asignación presupuestal obligatoria para que se lo pueda dar anualmente recursos al mecanismo, entonces sigue dependiendo de un fideicomiso que incluso a principios de este año se pensaba desaparecer, sigue dependiendo de la buena voluntad que exista en el Congreso, en la Cámara de Diputados para que se les sigan asignando algunos recursos y al mismo tiempo, además de que no se garantiza el presupuesto anual del mecanismo, tampoco es posible garantizar el desarrollo de las capacidades técnicas necesarias para brindar justicia”, mencionó Rodríguez Luna.

El Director de Proyectos de CASEDE manifestó que no existe información del presupuesto dirigido a la protección de una persona, asimismo sostuvo que la medida de protección más utilizada son los botones de pánico. Aunque, determinó que se carecen de las capacidades técnicas para analizar los resultados de estas medidas.

“Nosotros hicimos solicitudes de información para conocer exactamente cuánto se gasta por cada una de las medidas de protección que se fomentan para cada periodista que forma parte del mecanismo en calidad de beneficiario, no tienen ese dato, o por lo menos no lo entregaron, y lo que llama la atención es que en su página de internet del mecanismo es transparente al publicar la cantidad de presupuesto que se le asigna, el ejercicio del gasto que puede ser semestral o anual, si hay remanentes o no, esa parte la transparenta. Lo que sí sabemos es que los beneficiarios tienen que estar revisando sus casos, prácticamente un periodo si esa medida de proyección otorgada es adecuada o no”.

La ONU-DH indicó que las capacidades económicas y humanas del mecanismo son insuficientes para atender las necesidades reales de protección, asimismo prevé que esta situación se agudice por la tendencia al alza de las solicitudes de incorporación.

Hasta el 2019, el mecanismo tuvo un total de 36 funcionarios, lo que implicó que la proporción de personas beneficiarias atendidas por cada servidor haya aumentado en un 235 por ciento. Esto quiere decir que cada persona que realiza funciones de seguimiento debió atender aproximadamente a 155 beneficiarios. Para el 24 de abril del 2019, 144 reevaluaciones se encontraban pendientes, así como 22 evaluaciones, esto es equivalente a tres meses de trabajo.

Otro aspecto deficiente de este instrumento de protección es la falta de capacitación del personal. La ASF entrevistó a 40 beneficiarios, quienes externaron que los escoltas no son sometidos a una preparación para tener controles de calidad y estar preparados para realizar sus funciones en situaciones de riesgo.

También, 18 personas entrevistadas por la Auditoría Superior sostuvieron que no recibieron la capacitación necesaria sobre el uso de medidas de seguridad instaladas, además precisaron que no obtuvieron ningún manual básico de instrucciones, funciones generales y especificas del equipo.

En el informe “Libertad de Expresión en México 2020” del CASEDE, el Colectivo dio a conocer que el mecanismo de protección cuenta con perfiles básicos para la contratación del personal, además no existe determinación sobre las habilidades y competencias que deben cumplir los trabajadores del mecanismo.

“La capacidad del Mecanismo en recursos humanos es insuficiente. Además, se complica cuando hay una ausencia de la determinación de habilidades y competencias que deben cumplir las personas que ingresan a trabajar al Mecanismo. No existen perfiles de puesto y, por lo tanto, no se define si los puestos se establecerán como servicio profesional de carrera. Esto incide negativamente sobre la selección adecuada del personal para tareas sustantivas de análisis, gestión de información, trabajo de campo y contacto con personas que han sido víctimas de violaciones a derechos humanos y delitos”, comunicó el CASEDE.

Por otro lado, la institución carece de suficiente personal especializado en materias como comunicación pública, gestión de recursos humanos, tecnologías de la información o gestión de medidas políticas y vinculación con autoridades. Esta carencia afecta el tratamiento de la información personal de los individuos adscritos al mecanismo, así como no hay una definición sobre las líneas de tiempo para el desarrollo de líneas de tiempo ni del personal encargado de esta actividad.

“No existe evidencia de la profesionalización del personal que trabaja en el Mecanismo de Protección federal. Si bien se han incrementado las capacitaciones en el último año, éstas se han centrado en unas cuantas prioridades del Mecanismo, dejando pocos recursos de tiempo y dinero para la especialización del personal en temas como gestión de información, bases de datos, transparencia, entre otros”, señaló el CASEDE.

En cuanto a las medidas de protección utilizadas, 35 personas adscritas al mecanismo revelaron que los celulares con botones de pánico presentaron fallas, ya que recibían llamadas de instituciones bancarias, de extorsiones y de la empresa que renta el servicio de telefonía. También, 15 entrevistados subrayaron que la empresa encargada de las cámaras de seguridad y otras disposiciones en los domicilios de los beneficios no tiene la capacidad para una instalación ágil de dichas necesidades.

El CASEDE puntualizó que la empresa RCU Sistemas, quien es la única empresa que provee toda la tecnología de seguridad del mecanismo, ha presentado irregularidades como falta de capacitación, comportamiento poco ético en el programa de acompañamiento.  Por otro lado, la aplicación de la Ley de protección a personas defensoras y periodistas se ha centrado en las medidas urgentes y no en una prevención efectiva.

“Esta empresa está señalada por prácticas dudosas en la obtención de los contratos, a pesar de los señalamientos de una actividad poco profesional y de los errores denunciados. Pese a que la Ley de Protección a personas DDH y Periodistas señala en su artículo primero que ésta tiene por objeto establecer la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo, la actual aplicación de la ley se ha enfocado en las Medidas Urgentes de protección y menos en las Medidas de Prevención, por lo que es necesario atender el problema desde un enfoque integral y estructural”, apuntó el CASEDE.

En el informe citado, David Fuentes, reportero especializado en temas de seguridad y crimen organizado, manifestó que “como medida de protección le facilitaron un aparato de geolocalización para monitorear la ubicación en tiempo real, lo cual no ocurrió, al menos no de manera profesional. Yo creo que los aparatos eran ya medio obsoletos, de repente lo checabas y tenías pila y luego se terminaba muy rápido”.

El periodista Israel Zamarrón dijo que “a la llegada del actual gobierno había 792 GPS con botones de pánico activos para periodistas y defensores de derechos humanos, pero de éstos, 209 llevaban más de 150 días apagados, 100 de 61 a 150 días apagados; 56 de 31 a 60 días; 84 de 11 a 30 días; 102 de 1 a 10 días; 230 días de un minuto a 24 horas y solamente uno no estuvo apagado en ningún momento”.

Rodríguez Luna precisó que las autoridades federales no están capacitando los beneficiarios en el uso de medidas de protección en las zonas en las que residen, asimismo dio a conocer que no existe un monitoreo para establecer si el riesgo de las personas ha cambiado y, por consiguiente, la protección que necesitan.

“El problema ahí no se está capacitando en zonas beneficiarias en el uso de medidas de protección, ya sea para el uso de escoltas, botones de pánico, mecanismos de vigilancia por monitoreo electrónico, en fin, no se capacita de manera suficiente tampoco a las personas beneficiarias y como decía, tampoco se da un monitoreo que permita establecer si las medidas de riesgo han cambiado o si las actividades de las personas que recibe estas medidas de protección ha cambiado que de alguna manera pueda definir diferente la medida de protección” apuntó Luna.

Algunas de las consecuencias de las fallas en la protección de los beneficiarios es el abandono de estas medidas porque las condiciones de inseguridad del entrono cambiaron y el mecanismo federal actuó tarde o no hubo una respuesta para atender las necesidades del individuo. Por tal motivo, las personas encuentran una mayor percepción de seguridad en sus redes de apoyo, así como en organizaciones de la sociedad civil.

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que se creó en 2012 a raíz del incremento de violencia contra estas personas que, aunque estén protegidas por esta institución, siguen sufriendo de violencia. Armando Rodríguez Luna mencionó que el diseño legal del Mecanismo, “nunca se definieron claramente las formas de concurrencia dentro de las unidades federales con las estatales y municipales”, destacando que no existe una “obligatoriedad” estatal o municipal de generar un análisis de riesgo cuando un periodista señala que ha sido objeto de una agresión. Con ello, aunque existan medidas de protección, Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodista que obligue a los estados para contribuir la implementación y monitoreo de esas medidas.

Rodríguez Luna también mencionó que se “tendrían que tener también instancias estatales, particularmente, de atención y protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos, y no las hay, en el informe consignamos que a pesar que existen 19 estados que tienen algún tipo de andamiaje legal e institucional para la protección, en realidad ninguno de estos está diseñado adecuadamente de acuerdo a estándares internacionales, tampoco tienen el presupuesto y las capacidades técnicas para llevar a cabo esta función de protección y además las instituciones que dan justicia a nivel estatal están sumamente cuestionadas por los propios periodistas”.

El estudio realizado por el CASEDE estableció que no hay evidencia sobre el suficiente desarrollo de análisis de planes de monitoreo y una evaluación sobre las medidas que fueron otorgadas, además no hay un seguimiento al presupuesto destinado a garantizar la integridad física y la vida de las personas beneficiarias.

“Los riesgos son dinámicos y específicos en los contextos en los cuales periodistas y personas DDH llevan a cabo sus actividades. Las agresiones pueden escalar de ser virtuales a ser físicas en cualquier momento. No existe evidencia de un plan de monitoreo al presupuesto, particularmente sobre el que está destinado a garantizar la integridad física y la vida de las personas beneficiarias. No existe evidencia de las decisiones y sus razones, tomadas en la Junta de Gobierno acerca del otorgamiento, suspensión o modificación de las medidas de protección”, agregó el CASEDE.

El investigador externó que nunca se estableció, en el diseño legal, las funciones  y capacidades técnicas que deberían tener la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Secretaria de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en la atención a periodistas y defensores de derechos humanos que pertenecen al mecanismo, por lo que se ve afectado el análisis de riesgo, la atención, la reparación del daño y el resguardo de todos sus derechos.

“Hay diferentes formas de enfocar el problema y uno de los cuales nos parece el mejor para poder atender la problemática es que las personas periodistas y personas defensoras de derechos humanos cuando son agredidas deben ser tratadas como víctimas y por eso hay un enfoque y un andamiaje legal e institucional que permite darles este tipo de atención. Atenderlos como víctimas implica que se les tiene que resguardar sus derechos, que se les tiene que garantizar la continuidad en el ejercicio de sus derechos y que además se le tiene que garantizar la reparación del daño. En cada uno de esos escenarios al tratarlo como víctima, tendría que garantizar que puede seguir ejerciendo su actividad periodística porque de otra manera hay una afectación directa sobre la libertad de prensa y su libertad de expresión. Tiene que garantizare que podrá continuar con el ejercicio de otros derechos, como derechos políticos, civiles, económicos, culturales”, expresó Rodríguez Luna.

Estos aspectos inciden en la confianza de los comunicadores y defensores para acudir el mecanismo de protección, asimismo deciden no acudir a este instrumento por una falta de confianza en las medidas de protección. A esta experiencia se suma el poco posicionamiento de la importancia sobre la seguridad del ejercicio periodístico y defensa de los derechos humanos, lo que afecta en la incidencia directa para asignar recursos económicos para el mecanismo.

“No dudo que haya voluntad por parte de Aaron Mastache, no dudo que haya voluntad política del Subsecretario Encinas. Si lo dudo de la Secretaria Olga Cordero, si lo dudo de las Diputadas y Diputados de las distintas comisiones de la Cámara de Diputados. Ahí es donde se tiene que hacer un trabajo de sensibilización e información técnica y política. Para informar en la Secretaria de Gobernación y en la Cámara de Diputados sobre el contexto de lo que está sucediendo y de las cuestiones técnicas que existen, se tiene que hacer mesas de trabajo para señalar porque es necesario garantizar recursos económicos al Mecanismo”.

Rodríguez Luna puntualiza que “el Mecanismo desde mi punto de vista tiene dos opciones, o más bien, la Segob tendría que pensar en dos opciones, o fortalece el mecanismo en términos legales, presupuestales y técnicos en función no sólo de lo que hace sino otras organizaciones y, en segundo lugar, reaccionar ante las agresiones”, así como que no se ha desarrollado el marco legal e institucional a nivel estatal suficiente para que el Mecanismo de Protección federal pueda mejorar su efectividad.

En el Diagnostico del Alto Comisionado develó que en el 55 por ciento de los agresores fueron identificados como servidores públicos. Igualmente, precisó que el mecanismo carece de criterios de actuación, tales como condenar públicamente los ataques de funcionarios de gobierno, dar vista a la FGR para el inicio de una investigación ministerial e iniciar el procedimiento correspondiente de control y sanción administrativa.

“No es que los periodistas sean esenciales o únicos, es que los periodistas son esenciales para la vida democrática del país. El ejercicio periodístico permite acceder a otros muchos derechos como el derecho al acceso a información pública, a los derechos civiles y políticos. Eso es los que debe tener en cuenta los actores políticos, incluidos la Secretaría de Hacienda y Presidencia de la República”, finalizó Rodríguez Luna.