Violencia contra la prensa: muestra de la desprotección del Estado, parte I

• Durante enero y febrero de este año, en diálogos con periodistas de siete diferentes estados del país, dieron cuenta que el discurso de estigmatización del presidente Andrés Manuel se replica en gobiernos y municipios donde trabajan, además de utilizar “la misma estrategia narrativa para estigmatiza y para señalar a medios de comunicación”: Rodríguez Luna.

Por: Oscar Nogueda y César Dorado/

Hasta apenas el 2 de agosto de este año, se contabilizaban 6 asesinatos contra periodistas en lo que va del 2020, sin embargo, en la madrugada de ese día, Pablo Morrugares fue asesinado, un “periodista en resguardo federal por la Secretaría de Gobernación de México además de ser desplazado”, de acuerdo con un comunicado en Twitter de la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos.

El periodista y también director del portal PM Noticias había sido amenazado desde 2015, cuando comenzó a recibir mensajes por parte del crimen organizado. Un año más tarde, su esposa y él fueron atacados en Guerrero, por lo que tuvieron que desplazarse durante un tiempo, de acuerdo con información de la organización Artículo 19, defensora de derechos de periodistas. Aunque Morrugares contaba con medidas previstas en el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, este fue asesinado a balazos junto a su escolta fuera de su restaurante “Búfalos”.

El caso de Pablo Morrugares es un caso más de la violencia que atañe en el panorama de la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo. Tan solo del periodo de 2000-2019, en México han sido asesinados 153 periodistas, de los cuales 16 son mujeres, lo que coloca al país como uno de los más peligroso del mundo para ejercer el oficio periodístico y que, de acuerdo con Artículo 19, el 99.3 por ciento de los asesinatos de periodistas “no se investiga de manera exhaustiva, imparcial y objetiva”.

Durante el sexenio del presidente Vicente Fox Quesada, fueron asesinados 22 periodistas, para su sucesor en el puesto, Felipe Calderón Hinojosa se registraron más del doble que con Fox, 47 asesinatos de periodistas. En los próximos seis años, ya bajo el mando de Enrique Peña Nieto, fueron asesinados 47, pese a que el propio presidente, durante la celebración de la 72A Asamblea general de la Ciudad de México de 2016 refrendaba que “es obligación de un estado democrático, otorgar garantías a los periodistas para el ejercicio de su profesión, especialmente ante la amenaza a la libertad de prensa que representa el crimen organizado”.

Para este sexenio, la situación no ha mejorado, ya que desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, han sido asesinados 16 periodistas. Para ello, la organización Freedom House ha apuntado que incluso durante el gobierno del actual mandatario del Ejecutivo “las libertades políticas y civiles, están limitadas por la debilidad del estado de derecho, la violencia de la delincuencia organizada, las violaciones a los derechos humanos por parte de actores estatales y no estatales” así como los altos niveles de impunidad, pese a que el propio presidente de la república, a finales de marzo de 2019, durante una de sus conferencias de prensa dijo que “a ningún periodista se le va a limitar su derecho a expresarse… vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para protegerlos y evitar que sean agredidos. Es nuestra responsabilidad como representantes del Estado”.

Imagen: Article 19

Bajo este panorama, el Comité de Protección a Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) ubica a México como el segundo en el mundo con la mayor cantidad de homicidios de periodistas sin resolver. Tan sólo en el 2019, Article 19 informó que aumentaron en un 11.95 por ciento las agresiones de la prensa, lo que significa que cada 15 horas se agredió a un periodista en el país, siendo los funcionarios públicos los principales en manifestar estas agresiones, pues se realizaron 256 de las 609 registradas.

De esas agresiones, 166 fueron intimidaciones y hostigamientos, 144 amenazas, 62 incidentes con ataques físicos, 60 remociones de contenido y 46 situaciones con el uso ilegítimo del poder. La Ciudad de México fue la principal locación de la violencia contra los representantes de medios con 84 casos-siendo el 15 por ciento de las agresiones contra reporteros que cubrían la fuente presidencial-, le sigue Quintana Roo con 54, Guerrero con 51, Puebla con 34, Oaxaca y Veracruz con 33.

Para este mismo panorama de agresiones, también se han contabilizado la violencia hacia diversos puestos laborales que existen dentro de los medios de comunicación, siendo los reporteros los que más sufrieron violencia; 241 casos registrados hacia ellos, seguido de 127 casos a directores de los medios, 70 incidentes contra medios de comunicación en general, 34 a periodistas “freelance” y 23 agresiones contra corresponsales.

Las fuentes informativas de corrupción y política representan de las más peligrosas para periodistas que las cubren, pues en 2019 se concentraron 339 casos de violencia contras esos reporteros, en seguida de los encargados de la cobertura de seguridad y justicia con 133, movimientos sociales con 62, 51 con temas relacionados a derechos humanos y 17 con personas que cubrían el sector privado.

En promedio, para 2019 se registraron 167 casos de violencia contra mujeres periodistas, un incremento de tres casos en comparación del 2018. Se tiene un registro de 72 intimidaciones y hostigamientos, 34 amenazas 16 bloqueos de información, 14 ataques físicos y siete intervenciones ilegales de comunicación. Del total de esos casos, 70 fueron hechos por funcionarios públicos, 44 estuvieron relacionados con agresiones de particulares y agresores no identificados, 8 casos de agresiones por parte del crimen organizado y una por partidos políticos, siendo de nueva cuenta la Ciudad de México el epicentro de la violencia.

Para ello, en el primer semestre del 2020, la FEADLE ha reportado 53 agresiones contra la prensa; 36 han sido amenazas, 3 incidentes de autoridad, 5 lesiones y 2 daños a propiedad ajena. Por otra parte, la Fiscalía ha contemplado hasta ahora que de los 42 expedientes donde las víctimas que son mujeres destacan que en los principales hechos son amenazas con 23 casos reportados, 4 con abuso de autoridad, dos homicidios y dos más con allanamiento de morada y daño a propiedad ajena.

LA POLARIZACIÓN

Las agresiones a periodistas no sólo representan los resultados del incremento en la violencia que sufre el país, sino también es una muestra de la intolerancia hacia la libertad de expresión hacia las personas representantes de comunicar. En el 2019 las agresiones contra los periodistas aumentaron un 11.95 por ciento respecto al año pasado, algo que evidencia que las libertades políticas y civiles están limitadas.

El Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE) levantó una encuesta a periodistas y personas defensoras de derechos humanos donde obtuvieron que el 75 por ciento  de las personas que respondieron la encuesta considera que la labor que realizan los coloca en mayor riesgo en algún acto delictivo o agresión, para los que ejercen el periodismo a nivel local, los temas que los ponen en mayor peligro son los relacionados a la función pública o la esfera política local con el 76 por ciento , en el sector privado en un 60 por ciento  y 53 por ciento con delincuencia organizada.

Las cifras demuestran que desde 2019 hasta la fecha, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado en reiteradas ocasiones que existe libertad de expresión y un libre ejercicio de la crítica, este ha hecho comentarios donde ataca directamente a periodistas y medios de comunicación. Un ejemplo de ello es cuando comentó “revista Proceso no se ha portado bien con nosotros” a lo que el periodista de la misma revista semanal, Arturo Rodríguez, respondió que no era responsabilidad de los medios portarse bien con alguien, a lo que el jefe del ejecutivo replicó “pero estábamos buscando la transformación, y todos los buenos periodistas de la historia, siempre han aportado a las trasformaciones”.

Respecto a este tipo de comentarios y polarizaciones, Armando Rodríguez Luna, Director de Proyectos del CASEDE menciona que es polarización social y política que “lamentablemente, se fomenta desde la presidencia de la república, se replica a nivel estatal por parte de gobiernos y también en los municipios”.

El especialista también advierto en entrevista para Mugs Noticias que en la medida que se utilizan los medios de comunicación y el ejercicio periodístico como un instrumento para polarizar y establecer “qué medios de comunicación son lo que dicen la verdad y cuáles son, se trata de utilizar al ejercicio periodístico como aquel que establece quién da verdadera información y qué periodista o qué medio genera desinformación”, algo que indica que la sociedad tiene una peor percepción del ejercicio periodístico.

Sobre el cuestionamiento si existe una relación entre la estigmatización y el incremento del 11.95 por ciento  en los casos de agresiones contra periodistas, Rodríguez Luna declaró que, si bien es difícil generar datos que demuestren ese tipo de relación, durante enero y febrero de este año , en diálogos con periodistas de siete diferentes estados del país, dieron cuenta que el discurso de estigmatización del presidente Andrés Manuel se replica en gobiernos y municipios donde trabajan, además de utilizar “la misma estrategia narrativa para estigmatiza y para señalar a medios de comunicación”, haciendo hincapié en que con estos señalamientos se polariza a la sociedad, al igual que los medios de comunicación y periodistas ya comienzan a atacarse entre ellos.

En su informe sobre Libertad de expresión 2020, en el apartado de “Principales problemáticas de periodistas en México”, CASEDE destaca que existe una constante desacreditación y estigmatización hacia periodistas y medios de comunicación, realizados por el presidente de la república, con “expresiones como fifís y conservadores, lo que genera una cadena de acoso y escarnio”.

EL MARCO LEGAL Y LA FALTA DE EFICIENCIA PARA LA PROTECCIÓN DE PERIODISTAS

Aunque existe un mecanismo que trabaja para la protección de periodistas, las propias instituciones encargadas de impartir justicia son de las principales en atentar contra la libertad de expresión de los comunicadores, algo que muestra la deficiencia del Estado para ofrecer seguridad. En el apartado de “Mecanismos de Protección y acceso a justicia” del informe de CASEDE se puede ver que una de sus observaciones es que los periodistas no se acercan a pedir justicia al Mecanismo por falta de confianza y el temor al resguardo de su información y datos personales.

También se puntualiza en la parte de “Inseguridad” que se percibe que las personas periodistas viven agresiones cotidianas de parte de policías estatales y municipales tale como “vejaciones, golpes, retención de equipo de trabajo y detención arbitraría”. Otra las observaciones a resaltar es que las propias autoridades de procuración de justicia evitan investigar delitos contra la libertad de expresión pues “prefieren hacerlo por delitos comunes”.

De acuerdo con las Comisiones Estatales de Derechos Humanos y las de procuración de justicia del país se tiene un registro de 21 personas asesinadas, 12 defensoras de derechos humanos y nueve más que ejercían el oficio periodístico. Sin embargo, la organización internacional Reporteros Sin Fronteras tiene un reporte de 12 periodistas muertos por homicidio.

Esta inconsistencia se debe a que, según CASEDE, algunas comisiones estatales de derechos humanos no registran el homicidio de periodistas y personas defensoras de derechos, debido a que se declaran incompetentes. También esto surge a partir de que algunas instituciones estatales de derechos humanos, justicia, gobierno o seguridad pública “se adjudican la facultad de clasificar y registrar homicidios contra periodistas, sin contar con criterios o metodologías clara para hacerlo”, algo que vulnera la seguridad de las personas periodistas y defensoras de derechos, y que genera desconfianza hacia esas instituciones.

El Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas de Artículo 19 ha acusado el incumplimiento del Estado de sus obligaciones de “procurar e impartir justicia a las víctimas, ya que sus investigaciones desde sus diferentes instituciones “carecen de eficiencia, exhaustividad e imparcialidad, además de contar con Fiscalías o Procuradurías que suelen desacreditar u omitir la labor periodística”.

Para el contexto COVID-19, de acuerdo con las Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos cometidas durante la Contingencia Sanitaria por COVID-19, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación de enero a mayo se tiene un registro y 122 agresiones a periodistas (88 hombres, 34 mujeres y 4 colectivos), siendo la Ciudad de México el epicentro de las agresiones con 28 casos.

En esas agresiones, informa la subsecretaría, tres en contra de periodistas se realizaron durante la cobertura informativa sobre la pandemia, esto en los estados de Puebla, Morelos y Jalisco. La Subsecretaría también destaca en el informe que entre los meses del desarrollo de la pandemia se reportaron 5 asesinatos de periodistas, de los cuales, una de esas personas estaba incorporada al Mecanismo.

Estas cifras revelan que aún con la pandemia, la violencia persiste y revela un “clima de violencia” contra personas que se dedican a la labor periodística, labor que los pone en “mayor vulnerabilidad” y que muestra la intolerancia, violencia a los derechos humanos y la poca apertura a ejercer la libertad de expresión.