Por: Redacción

Debido a la evidente violación del PRI y sus aliados a la legalidad en los pasados comicios del Estado de México, el diputado Omar Ortega solicitó al Congreso de la Unión intervenir, crear una comisión especial y solicitarle al Instituto Nacional Electoral (INE) revisar las numerosas irregularidades de dichos partidos, sancionarlos y evaluar toda la jornada para emitir la resolución que proceda, la que debería ser incluso la invalidación de las elecciones.

El Coordinador de Proceso Legislativo del GPPRD en la Cámara de Diputados solicitó dicha intervención a través de una propuesta de punto de acuerdo hecha en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la cual argumentó que el PRI y sus aliados, entre otras violaciones a la ley, claramente rebasaron el máximo de gastos permisible para su campaña de proselitismo.

Refirió que en el acuerdo IEEM/CG/50/2017, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) fijó en 285 millones 566 mil pesos el tope de gastos para la campaña a realizarse entre el 3 de abril y el 31 de mayo de 2017.

“Sin embargo, la campaña del entonces candidato del PRI rebasó esa cifra y violó las disposiciones electorales haciendo uso de programas gubernamentales tanto del ámbito local como federal para beneficio de su campaña”, incluso antes de que iniciara legalmente el periodo mencionado de entre abril y mayo.

Recordó que desde octubre de 2016, el GPPRD denunció la manipulación facciosa e ilegal de programas gubernamentales para beneficiar al PRI, sus aliados y su candidato para gobernador del estado, Alfredo del Mazo, ejemplo de lo cual fueron las llamadas “ferias integrales de servicios” que coordinaron los gobiernos federal y estatal.

Así, con recursos públicos aportados por los contribuyentes, ambos gobiernos beneficiaron al PRI y aliados mediante el condicionamiento de beneficios de programas sociales a los ciudadanos de menos recursos a cambio de que promovieran el voto y votaran a favor de Alfredo del Mazo Maza.

Ejemplo de esta “violación anticipada” de la legalidad se dio en los municipios de Huixquilucan y Zinacantepec en octubre de 2016, y en Ecatepec en marzo de 2017.

En este último lugar, su alcalde y el secretario de Salud del estado, los priistas Indalecio Ríos y César Gómez Monje, encabezaron la entrega de seis mil “tarjetas-monedero” con dos mil pesos cada una en el marco del programa gubernamental “Mujeres que Logran en Grande”.

“Esto es completamente anómalo porque las reglas de operación del programa destinado a las mujeres –y financiado con recursos de los contribuyentes, independientemente de su filiación política- no contemplan que la entrega se realice a través de los alcaldes o secretarios de otro ramo”, ni mucho menos para beneficiar a un partido o a su candidato.

Además de “violaciones anticipadas de campaña” como éstas, los priistas, sus aliados y su candidato también cometieron otras anomalías en el periodo establecido para el proselitismo, como no haber reportado ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE numerosos gastos de promoción.

Tal sucedió con miles y miles de objetos y medios promocionales, como chalecos, servicios de audio y video, y gastos de producción de spots.

En total, para tratar de apuntalar a Del Mazo Maza entre la ciudadanía, los priistas rebasaron en 49 millones el gasto permitido para propaganda a través de publicidad externa, internet, redes sociales, actos públicos, spots de radio y televisión, casa de campaña, promotores del voto, notario público, transportación, viáticos y estructural electoral.

Adicional a esto –agregó el parlamentario y líder del PRD en el Estado de México- se deben considerar los “conciertos gratuitos” con cargo al erario público, como el realizado en Tecámac con costo de 600 millones de pesos, pero promovido por “coordinadoras” del PRI.

También entregaron casi 10 mil tarjetas con dinero disponible a jóvenes y otras 14 mil 860 a mujeres, lo que también costó a los contribuyentes casi 30 millones de pesos en el primer caso y casi 39 millones de pesos en el segundo.

En todas estas irregularidades participaron funcionarios federales y mexiquenses, inclusive sus esposas, como la del presidente Enrique Peña, la señora Angélica Rivera, y los secretarios de Salud y Agricultura federal, respectivamente José Narro y José Calzada.

“La relevancia de las irregularidades descritas anteriormente podrían invalidar por completo las pasadas elecciones en el Estado de México. La ciudadanía mexiquense merece un proceso electoral transparente y democrático. Como sus representantes no podemos negarles sus derechos políticos”, concluyó Ortega al reiterar la necesidad de que el Congreso de la Unión intervenga.