Por: Redacción/

Para proteger el patrimonio de las personas, especialmente las más pobres, ante la expansión de quienes hacen préstamos indebidos, conocidos como “gota a gota”, asociados con delitos de usura, robo, extorsión y lavado de dinero, el senador Ricardo Monreal Ávila presentará en la próxima sesión de la Comisión Permanente una iniciativa para modificar diversos artículos del Código Penal Federal y de la Ley de Instituciones Financieras.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), quienes se dedican a esta práctica ofrecen préstamos “fáciles” al entregar al interesado en un día el monto solicitado, sin checar Buró de Crédito, sin aval y sin contrato, con el único requisito de tener un negocio y contar con una identificación oficial.

Los préstamos se hacen principalmente a pequeños comerciantes y vendedores ambulantes, con un interés aparentemente bajo, pero debido a que se cobran de manera diaria o mensual, poco a poco la deuda se vuelve impagable.

Es entonces cuando comienzan las amenazas a las víctimas, incluso roban sus mercancías para exigir el pago, pero los afectados no pueden interponer denuncia porque el acuerdo se hace de palabra.

Las autoridades han revelado que en la Ciudad de México la red de prestamistas gota-gota está integrada por cerca de mil 500 personas sudamericanas que llegaron como turistas y que desde 2015 han entregado tarjetas para darse a conocer en mercados y pequeños comercios.

Su práctica desplaza a los productos financieros formales dada la rigidez de su estructura.

Esta práctica no está tipificada como un delito, solo se considera un modus operandi, en consecuencia, resulta complejo castigar a quienes lo ejecutan y es sumamente difícil para las victimas encontrar un medio de protección legal efectivo.

Los delitos por sí (usura, robo extorsión) ya están tipificados, por lo tanto pretendemos meter agravantes y doblar las sanciones.

La Ciudad de México ha perseguido el delito como extorsión agravada. Colombia, por otro lado, creó el delito de “cobro coactivo” y Perú elevó las sanciones para el caso de la usura.

Por eso, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena considera como urgente atender, desde el ámbito legislativo, este entramado de conductas delictivas toda vez que vulneran la economía de los más necesitados y quebrantan la tranquilidad de los menos informados.