Por: Redacción 

La participación de elementos de las Fuerzas Armadas del país en el control de la frontera, no puede ser la regla, porque la migración -incluso en condiciones irregulares- no es un delito, precisó la comisionada Andrea Pochak, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relatora para México.

Durante la conferencia magistral del debido proceso y protección judicial para personas en movilidad: principios y estándares interamericanos, en el marco de los Diálogos con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, proyecto de colaboración en el que participan la CIDH y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Andrea Pochak destacó que los países tienen la facultad de fijar sus políticas migratorias, pero éstas deben incorporar un enfoque de derechos humanos y determinar que la participación de las fuerzas armadas en el control migratorio fronterizo debe ser de lo más estricta, justificada y sujeta al cumplimiento de los criterios interamericanos.

“Es que esas políticas, en general, están enfocadas fundamentalmente a contener los movimientos de personas y no a proteger los derechos de quienes integran esos movimientos; que las medidas migratorias en general, están centradas en criterios de seguridad nacional”, subrayó.

En el marco de la décima sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, convocado por La Corte y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la representante del organismo internacional recordó que la CIDH, al analizar el caso Cabrera García y Montiel Flores contra México, dijo que la intervención de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública debe cumplir con los criterios de estricta proporcionalidad, excepcionalidad y debida diligencia.

Por su parte, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien fungió como moderador del evento, reconoció la labor que realiza la CIDH para ampliar la protección de los derechos humanos en México, a la vez que contribuye a evaluar de manera objetiva la implementación de normativas y políticas de protección judicial en los distintos países, y todo ello permite detectar los principales retos que enfrentan los sistemas judiciales para proteger y garantizar los derechos humanos.