Por: Redacción

Pese a que la “suplantación de identidad” está considerada como uno de los delitos de más rápida expansión en los últimos años en el mundo, en México ni siquiera se cuenta con estadísticas sobre la gravedad de este problema y ninguna institución asume la responsabilidad de responder ante las víctimas, que quedan en total indefensión, aseveró el diputado Roberto Cañedo Jiménez.

En ese sentido, propuso adicionar la Fracción XXII al Artículo 387 de dicho ordenamiento, en la que también se precise que se aumentará en una mitad las penas previstas a quien se valga de la homonimia, el parecido físico, similitud o semejanza de la voz, para cometer suplantación de identidad.

En entrevista, informó que tan sólo en 2011 el monto reclamado por las víctimas ante la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (CONDUSEF), relacionado con posibles fraudes con tarjetas de crédito y débito, transferencias electrónicas o cheques ascendió a 476 millones de pesos.

El integrante del Grupo Parlamentario de Morena indicó que entre febrero y abril de 2016 se ejecutaron mil 346 acciones de defensa por robo de identidad, a través del Protocolo de Atención de la CONDUSEF, y que se estima que los bancos reembolsan al año alrededor de 800 millones de pesos por cargos no reconocidos por el cliente.

“De acuerdo con el Banco de México, en 2015 nuestro país ocupó el octavo lugar a nivel mundial por el número de casos de robo de identidad, de los cuales el 67 por ciento están relacionados con el extravío de documentos, el 63 por ciento con el robo de bolsas, carteras y portafolios, y el 53 por ciento por clonación de tarjetas bancarias”, puntualizó.

Señaló que las consecuencias de la suplantación de identidad rebasan en muchos casos la pérdida económica directa de las víctimas, situación que adquiere mayor gravedad cuando se compromete su historial crediticio, prestigio y hasta identidad social, al grado de que ser perseguidas por despachos de cobranzas y acreedores que no toman en cuenta el fraude del que fueron objeto.

“El desarrollo acelerado de las tecnologías ha permitido la reproducción, resguardo y transmisión de datos en medios digitales, lo que también ha facilitado su sustracción a través de programas informáticos, hecho que ha sido aprovechado para obtener datos personales y utilizarlos en la suplantación de las personas con fines delictivos”.

El legislador de Baja California explicó que la suplantación de identidad ocurre cuando alguien ocupa con engaños el lugar de otra persona, defraudándolo en su derecho o bien que disfrutaba. Es decir, cuando adquiere, transfiere, posee o utiliza información de una persona física o jurídica de forma no autorizada con la intención de cometer daño patrimonial.

En ese sentido, lamentó que organismos como el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI), la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y la CONDUSEF no asuman ninguna responsabilidad ante las víctimas.

“La delincuencia afecta la vida, la integridad y el patrimonio de sus víctimas, y cuando se extiende genera un grave fenómeno de inseguridad social que altera la paz y se constituye en un obstáculo para el desarrollo económico, social y político del país”, enfatizó.

Cañedo Jiménez consideró que mientras la falsificación de documentos, la apertura de cuentas apócrifas y la clonación de tarjetas de crédito se han convertido en práctica común, en el Código Penal Federal no está tipificada la suplantación de identidad, por lo que es una prioridad poner cartas en el asunto.