Por: Redacción/

El diputado Eduardo Villafuerte García, del GPPRD, propuso reformar el dictamen de la Ley General de Comunicación Social, para que no solo en campañas electorales, sino también en precampañas, intercampañas y hasta la conclusión de la jornada electoral, se suspenda la difusión de toda campaña de comunicación social gubernamental en todos los medios de comunicación.

El parlamentario señaló que el proceso electoral no solo comprende el tiempo de campaña, por lo que es un sinsentido que el dictamen no tome en cuenta el resto de los periodos que constituyen dicho proceso.

Agregó que el GPPRD considera que la falta de reglas claras y transparentes en la materia, constituye un medio de restricción indirecta a la libertad de expresión, violentando así lo dispuesto por el artículo séptimo de la Constitución y 13.3 de la Convención Americana sobre derechos humanos.

“El uso irracional de los recursos de las distintas instancias de gobierno para la contratación de espacios en medios de comunicación, también es un agravio y una ofensa para la población que ve cómo miles de millones se despilfarran para tratar de inflar logros o construir una imagen positiva del gobierno, cuando no hay elementos objetivos para ello, en lugar de ser destinados para salud, educación, vivienda y otros servicios públicos necesarios”, abundó.

Villafuerte García recordó que la administración de Peña Nieto, ha gastado más dinero en publicidad oficial que ninguna otra en la historia del país: casi 2 mil millones de dólares (mdd) en los últimos cinco años.

“El diario estadounidense The New York Times ha señalado que la marca presidencial es capaz de suprimir artículos de investigación; dirigir portadas e intimidar a las salas de redacción que lo desafían. A pesar de lo anterior, esta ley que el día de hoy se propone y que es avalada por el PRI, el Verde y Nueva Alianza, no resuelve el problema de fondo; por el contrario, se trata de una simulación porque propicia que la política de gasto en comunicación social, canalice los recursos fiscales hacia medios afines a las posiciones del gobierno y peor aún, se le da más poder a la Secretaría de Gobernación y a sus homólogas en las entidades federativas, para que mantengan un control poderoso sobre los medios de comunicación”, sostuvo el perredista.