Por: Redacción

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó al Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (INCA Rural) entregar los documentos que comprueben el uso de recursos públicos que ha otorgado a la organización Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp) en 2013, 2014 y 2015, información que fue requerida por un particular a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Ante la petición, INCA Rural informó que localizó tres convenios de concertación; sin embargo, precisó que no contaba con la documentación comprobatoria porque en dichos instrumentos jurídicos se acordó que sería resguardada por la Cocyp, lo cual fue reiterado por la institución en vía de alegatos, agregando que el particular podía solicitar la información directamente a la asociación.

Al presentar el caso ante el Pleno, la comisionada Areli Cano Guadiana aseguró que el ámbito rural representa una parte fundamental en el desarrollo social y económico de nuestro país.

Señaló que la Constitución establece la obligación del Estado de promover las condiciones para un crecimiento integral del sector rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina su participación e incorporación en el desarrollo nacional, así como fomentar la actividad agropecuaria y forestal, para el uso óptimo de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

No obstante, señaló la comisionada, en los últimos años se registran indicadores en la productividad del agro, que dan cuenta de la importancia de continuar con los esfuerzos del Estado mexicano en favor de los productos del campo.

Destacó que el INCA Rural se propuso en su Programa Institucional 2014-2018 impulsar procesos de articulación con organismos gubernamentales y sociales y promover la integración de cadenas de valor que articulen territorialmente a los pequeños productores, con el propósito de desarrollar capacidades sociales productivas, empresariales y para innovación rural.

Al respecto, Cano Guadiana refirió que la entidad reportó en su Informe de actividades que en 2015 realizó poco más de mil acciones en beneficio de más de 215 pobladores del campo, a través de diferentes programas y en colaboración con otras instituciones.

En el análisis del caso, se determinó que no existe certeza de que el INCA Rural haya llevado a cabo la búsqueda de los documentos en todas sus unidades administrativas competentes, ya que se limitó a indicar que, de acuerdo con las cláusulas de los convenios celebrados, le correspondía a la Cocyp el resguardo de la información.

Aunado a ello, se advirtió que la normatividad para regular la operación del ejercicio de los recursos públicos entregados por el INCA Rural a personas morales establece que una vez ejecutado el recurso monetario, la asociación debe exhibir todos los documentos originales que acreditan su uso, es decir, recibos de pago y facturas.

Por lo expuesto, el Pleno del INAI modificó la respuesta del INCA Rural y le instruyó hacer una búsqueda en sus Direcciones Generales Adjuntas de Evaluación y Certificación; de Desarrollo y Difusión y; de Planeación y Administración, a fin de que proporcione los documentos que comprueben el uso de recursos públicos otorgados a la Cocyp, derivado de los convenios de concertación de 2013, 2014 y 2015, anexando las facturas y comprobantes de pago.