Por: Redacción
El presidente del Senado de la República, Pablo Escudero Morales, señaló que Veracruz y Sonora atraviesan momentos difíciles, derivados de conductas irresponsables y actos de corrupción de gobiernos anteriores, ya que las administraciones actuales de estas entidades federativas recibieron estados con un alto endeudamiento.
El senador Escudero dijo que Veracruz y Sonora requieren de recursos de manera urgente; y explicó que el actual gobierno de Sonora recibió una situación financiera que dificulta la operación de la administración entrante, con una deuda bancaria a largo plazo de más de 22 mil millones de pesos, distribuidos en 16,993 millones de deuda directa, 1,456 millones de organismos estatales y 4,489 millones de municipios no avalados; y cuenta, además, con una deuda a corto plazo de más de 9 mil millones de pesos, repartidos en 2,910 millones por pagos a proveedores y organismos generados, 4,382 millones de adeudo por pensiones y operación al ISSSTESON, 335 millones de adeudos de otros ejercicios y 1,971 millones de adeudos no registrados a septiembre de 2015, es decir, una deuda total de más de 32 mil millones de pesos.
El legislador advirtió que resulta apremiante que Sonora tenga una mesa de trabajo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al igual que Veracruz, para plantear una reordenación integral de las finanzas estatales, a fin de reducir su costo y liberar flujos, así como eficientar la recaudación y elevar el ingreso, sin generar mayores cargas tributarias a los contribuyentes de sus respectivos estados.
Pablo Escudero indicó que se trata de un déficit heredado por gobiernos irresponsables, por lo que se prevé una alta dificultad para liquidar en su totalidad los endeudamientos, y que compromete la operación de las administraciones entrantes, por lo que es importante asegurarles un elemento extraordinario que contribuya a aligerar presiones en la etapa final de este año.
El presidente del Senado reiteró que es necesario que, tanto Sonora como Veracruz, diseñen un ajuste al gasto en las actuales administraciones, que asegure el balance presupuestario conforme a las nuevas disposiciones contempladas en la Ley de Disciplina Financiera.
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