Por: Redacción/

Ante la decisión arbitraria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de no otorgar al Gobierno del Estado de Chihuahua 700 millones de pesos en recursos extraordinarios para el saneamiento financiero, legisladores de distintas fuerzas políticas presentaron un Punto de Acuerdo para solicitar la comparecencia ante la Comisión Permanente del titular de la dependencia, a efecto de dar cuenta de la administración y de la entrega de recursos del Ramo 23 a las entidades federativas.

En conferencia de prensa, los legisladores del PRD Cecilia Soto González, Francisco Martínez Neri, Francisco Xavier Nava Palacios, Rafael Hernández Soriano, Angélica de la Peña e Isidro Pedraza, el diputado del PAN, Marko Cortés y la senadora independiente Martha Tagle Martínez urgieron a la dependencia federal a remitir previamente y con carácter de urgente un informe detallado y pormenorizado sobre dicha situación.

En su intervención, la diputada del PRD, Cecilia Soto González, señaló que el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, debe explicar los detalles de esta decisión “arbitraria”, que confunde a la opinión pública nacional.

“Es preocupante que en un comunicado de la Secretaría de Hacienda de este domingo se plantea que no negociará ningún depósito de recursos extraordinarios con las entidades de la República hasta que se resuelva un recurso legal – que, por cierto- todavía ni siquiera entra, ni se redacta, ni se presenta. Nos parece un intento de la Secretaría de Hacienda para poner al resto de los estados de la República contra del estado de Chihuahua”, enfatizó.

Asimismo, dijo que se trata de un hecho que vulnera las facultades de la Cámara de Diputados, como la discrecionalidad con la que se otorgan los recursos extraordinarios. “Esta discrecionalidad da un poder a la Secretaría de Hacienda por sobre los estados y da un poder que debilita a la Cámara de Diputados” indicó.

Soto González comentó que el fondo del debate es para que la Cámara de Diputados se fortalezca en sus negociaciones sobre el presupuesto, que los estados de la República no sean vasallos y que la SHyCP no utilice la discrecionalidad en contra de los gobiernos estatales.

“El estado de Chihuahua ha cuestionado y ha descubierto el uso de estos recursos para financiar campañas electorales, como es el caso que se encontró 250 millones de pesos”, argumentó.

La parlamentaria calificó como esperanzador que en la Tercera Comisión de la Comisión Permanente –aunque el PRI tiene mayoría– se acordó un dictamen conjunto para realizar los respectivos exhortos a la SHCP y al Gobierno de Chihuahua.

Cabe señalar que el Punto de Acuerdo establece que las declaraciones del Secretario de Hacienda y Crédito Público han sido exiguas, imposibilitando contar con argumento alguno que permita a la ciudadanía conocer el uso y destino de los recursos públicos, que debido a los numerosos escándalos de corrupción y el modus operandi, hacen ineludible no pergeñar, ni mostrar indiferencia ante el escarnio público.

Además, la actual administración del Gobierno del estado de Chihuahua ha sido enfática al señalar que, desde su llegada, la hacienda pública se encontraba en bancarrota, recibiendo el 4 de octubre de 2016, 21.8 millones de pesos en saldo disponible en Tesorería, una deuda por más de 50 mil millones de pesos y un déficit cercano a los 8 mil millones de pesos.

Debido a esa situación, el 14 de diciembre de 2017, el Gobernador del Estado y el secretario de Hacienda suscribieron diversos convenios por los que la secretaría entregaría al gobierno estatal recursos para diversos programas, entre ellos, 700 millones de pesos para el fortalecimiento financiero.

Sin embargo, los recursos acordados no fueron radicados en el tiempo pactado; ante el cuestionamiento del Gobierno estatal, el Subsecretario Miguel Messmacher argumentó que dicha transferencia no se realizó debido a que, en virtud de la investigación que la Fiscalía General del estado de Chihuahua realiza en torno del desvío multimillonario de recursos públicos por 250 millones de pesos, donde ha sido señalado como presunto responsable el ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional, Alejandro Gutiérrez, se pone en entre dicho el mecanismo de transferencia de recursos.

La advertencia velada de la Secretaría de Hacienda fue contundente, en tanto continúen las investigaciones sobre el desfalco cometido en perjuicio de los chihuahuenses, los recursos no fluirán al estado como por ley debe ocurrir, señala.

El Punto de Acuerdo también está firmado por el diputado del PRD, Agustín Basave; el diputado de Movimiento Ciudadano, Germán Ernesto Ralis Cumplido; y los diputados del PAN Federico Döring Casar, María Verónica Agundis Estrada y Alfredo Miguel Herrera Deras, y los legisladores que ofrecieron la conferencia de prensa.