Por: Redacción/

La secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, diputada Claudia Corichi García (Movimiento Ciudadano), manifestó la urgente necesidad de realizar cambios institucionales, para enfrentar a la corrupción y “aliviar a nuestro país herido por la impunidad”.

Precisó que siete de cada 10 ciudadanos consideran a este binomio como el problema más grave de México, sólo después de la inseguridad; además, el índice de percepción de la corrupción 2017, nos coloca en el lugar 135 de 180 naciones evaluadas.

La legisladora comentó que datos de Transparencia Internacional refieren que la corrupción le cuesta a México 347 mil millones de pesos anuales. A su vez, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que ese mal equivale al 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

En la presentación de libro “Cambios institucionales para el combate a la corrupción: análisis, propuestas y reflexiones”, señaló que con lo que nos cuesta ese flagelo se podría duplicar el presupuesto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o multiplicar por 10 cada alumno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La obra, expuso, es producto del trabajo realizado en la LXIII Legislatura, por la Comisión Especial para dar seguimiento a los procesos y resultados de las compras del Gobierno Federal, instancia que la diputada preside.

Corichi García destacó la necesidad de llevar a cabo análisis serios, diagnósticos concretos y propuestas respaldadas, para que el combate a la corrupción se encauce por mejores rutas y en el corto plazo tenga un impacto positivo en la vida de las personas y de las instituciones.

La finalidad de editar el material bibliográfico, subrayó, es coadyuvar a minimizar, a través de propuestas concretas, el malestar social por los escandalosos casos de corrupción. Desde el Legislativo, concluyó, se trabajan iniciativas para fortalecer a las instituciones e ir cerrando el paso a ese mal.

El auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, consideró que la corrupción e impunidad son, en parte, consecuencia de la pobreza y la desigualdad, pues en la medida que haya menos oportunidades, seguirá creciendo este flagelo.

Resaltó la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), pero dijo que es indispensable fortalecerlo, a partir del trabajo coordinado de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

También es importante trabajar con los contralores de las entidades federativas y con los gobernadores, a fin de que tengan claros los alcances del SNA, y lo que se puede hacer y lo que no.

Colmenares Páramo aseguró que procurará, en materia de fiscalización, tener una ASF más vinculada no sólo con sus pares, sino con los ciudadanos. “El libro, en ese sentido, enseña propuestas para fomentar esa conexión”.

El presidente del Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción, Gerardo Lozano Dubernard, coincidió en que el principal problema es la impunidad, pues “corrupción hay en todos los lugares, pero hay países donde sí se sancionan esos actos”.

Consideró preocupante que existan más de 800 denuncias interpuestas por la ASF y que “ninguna ha dado lugar a ninguna sanción”. Asimismo, resaltó la importancia de que el SNA logre que los titulares que integran los comités tengan completa independencia, si no, ese será su “talón de Aquiles” y no sucederá absolutamente nada.

También, agregó, es relevante la colaboración, pero una que implique la voluntad de que las cosas pasen. “El SNA debe ser el poder del Estado en contra de la corrupción, porque ahí están todas las instituciones que de una u otra forma tienen la responsabilidad de fiscalización, prevención y sanción”.

Finalmente, subrayó que el nombramiento del Fiscal Anticorrupción tiene que hacerse con total independencia y no debe estar sujeto a influencias de ningún poder, grupo o interés.

José Gabriel Carreño Camacho, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, de la Secretaría de la Función Pública (SFP), consideró indispensable devolver a la sociedad la confianza en las instituciones.

Estimó que se debe poner énfasis en la prevención de las faltas administrativas y de las conductas delictivas relacionadas con la corrupción; por ello, el libro que se presenta es tan relevante, pues contiene propuestas específicas para combatir el grave problema de deshonestidad.

Manuel Hallivis, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, consideró que las sanciones para quienes cometan actos de corrupción deben ser ejemplares, pues sólo de ese modo podrá disuadirse el problema de la impunidad.

Afirmó que para enfrentar ambos males debe existir plena coordinación de instituciones e, incluso, la sociedad civil; no puede hacerse de forma aislada, por eso el modelo del SNA.