Por: Redacción/

El campo mexicano vive un momento crítico por el abandono oficial que padeció como consecuencia de la aplicación de medidas económicas de corte neoliberal, por lo que su rescate exige la definición de una política de Estado, hasta ahora ausente en el gobierno de la denominada 4ta transformación, sostuvieron los doctores María Guadalupe Huerta Moreno y Luis Kato Maldonado académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En el tercer encuentro de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA) México señalaron que el país perdió la soberanía alimentaria y se convirtió en importador de los productos que consume, una situación que se profundizó a partir de 1984.

La doctora Huerta Moreno, profesora del Departamento de Administración de la Unidad Azcapotzalco, puntualizó que el modelo nacional de desarrollo y producción agropecuario ha tenido dos etapas: de 1940 a 1983, en términos generales México fue autosuficiente en la materia, pero la década de 1960 fue un punto de inflexión, ya que la diferencia en la producción agropecuaria y agrícola comenzó a invertirse hasta transformarse en un importador neto.

Entre 1984 y 2019 fueron aplicadas políticas de tipo neoliberal que están orientadas a las exportaciones e implicaron la apertura de la economía, con lo que se aceleró la liberalización comercial del sector para contribuir, mediante el abasto externo, al abatimiento de la inflación.

En la ponencia conjunta Cadenas productivas y políticas públicas para el sector agrícola en México, los docentes plantearon que con la competencia externa se pretende elevar la eficiencia de los agricultores nacionales, sin haber consolidado una cadena que incluya a pequeñas, medianas y grandes corporaciones agrícolas.

La reforma impuesta por Carlos Salinas de Gortari en 1992 al Artículo 27 Constitucional representó un elemento de mercantilización de la tierra, que venía de la estructura básica ejidal, en una lógica de comercialización que diferencia el territorio por capacidades productivas, de acuerdo con la renta a generar, explicó Huerta Moreno.

Las políticas aplicadas de los años 80 del siglo pasado a la fecha están relacionadas con la forma en cómo se articulan las grandes empresas nacionales con las internacionales, dejando en el abandono al conjunto de agricultores de menor tamaño, a quienes no se les han brindado oportunidades para que aceleren su producción.

“Para beneplácito del campo mexicano, el 24 de septiembre se aprobó la Ley para proteger al maíz nativo, la cual representa un gran avance ya que plantea la creación de un banco genético aparte de las variedades genéticamente modificadas”.

Kato Maldonado expuso que en la actualidad las políticas en la materia tienen una estructura dual orientada al alto rendimiento ligado a las exportaciones y productores dedicados al mercado interno, donde se encuentra también la producción para el autoconsumo.

Por lo anterior es necesario aplicar una política agropecuaria diferente a la que se instauró durante el periodo neoliberal. “Si bien aunque la cuarta transformación no tiene un proyecto definido de política para el campo, la aprobación de la Ley para la protección del maíz nativo es un primer paso importante, aunque insuficiente”.

La elaboración de semillas está concentrada en seis multinacionales –entre las que se encuentran Monsanto, Dupont, Bayer y Syngenta– que concentran 95 por ciento del mercado, en tanto que el sector público tiene el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PRONASE), que debe competir en condiciones desiguales contra esas grandes corporaciones.

También el mercado de fertilizantes está controlado por diez grandes compañías que acumulan 41 por ciento del mercado, advirtió Kato Maldonado, en tanto que en el comercio de tractores cuatro firmas –entre las que desatacan John Deere y New Holland– monopolizan 50 por ciento de la venta.

El investigador del Departamento de Economía de la misma sede académica reconoció que para delinear una nueva estrategia para el campo es imperativo considerar las características regionales y las unidades de producción, así como proteger las formas de generación campesina y el autoconsumo, que abarcan 59 por ciento de las unidades agrícolas, además de que es preciso que el Estado mexicano proteja la semilla criolla.

Al presentar la ponencia Acercamiento a la construcción y apropiación del territorio cafetalero en Los Altos de Chiapas la estudiante de doctorado Laura Gisela García Domínguez, planteó la necesidad de establecer un mercado justo para los productores de café, pues sólo reciben el pago por el 25 por ciento del precio de mercado de su producto, en tanto que las grandes empresas multinacionales se benefician con grandes ganancias.

La investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México dijo que en el caso de los Altos de Chiapas, región que abarca su estudio, los pequeños cafeticultores requieren de una adecuada comercialización y formar cooperativas para obtener mejores precios de venta.