Por: Redacción/

En lo que va del 2019 han sido asesinados 11 periodistas en todo el país y 11 defensores de derechos humanos, según lo señaló la senadora Nestora Salgado, durante presentación del informe “Frente al Riesgo y el Caos”, análisis del marco normativo de protección para personas defensoras y periodistas en México.

“Condenamos el asesinato de los comunicadores y defensores, así como toda narrativa que difame, criminalice y revictimice a las personas. Expresamos nuestras condolencias a los familiares y nuestra solidaridad para quienes han resultado lesionados”, resaltó.

La senadora de Morena recordó que del año 2000 al 2019 suman 152 periodistas asesinados. Guerrero es la segunda entidad más mortífera para este gremio y personas defensoras de derechos humanos.

Por ello, dijo, se requiere revisar el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la Secretaría de Gobernación, para hacer modificaciones de fondo y brindar una verdadera protección a quienes la requieran. Además, garantizar los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Desde el Senado de la República, comentó, buscaremos atender las recomendaciones formuladas del presente informe, a fin de sumar esfuerzos para abatir la impunidad, principal factor para que las agresiones se repitan.

Por su parte, el señor Jan Jarab, representante de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, manifestó su preocupación ante la violencia que se ejerce en contra del ejercicio del periodismo. Exhorta a los gobiernos a reducir el riesgo para el trabajo de periodistas generando un adecuado acceso a la información pública con la transparencia, pues cuando se carece de este factor se propicia un efecto amedrentador que perjudica a la sociedad en conjunto

Dijo que en lo general, las normas de protección a periodistas y defensores de DH no se cumplen en su mayoría y por eso la ONU tiene la prioridad de contribuir a su defensa.

Enumeró algunas propuestas que reducirían los riesgos en ambas profesiones. Pide eliminar los tipos penales que criminalizan a periodistas, además de reforzar el acceso y transparencia a la información, pues de lo contrario se aumenta el riesgo. Considera importante modificar la ley sobre publicidad gubernamental para que no se pueda utilizar como factor de presión a los medios informativos; Otra alternativa dijo es renovar el derecho civil, para que se reduzca el acoso judicial y se eviten las demandas multimillonarias en contra de periodistas, generalmente por demandas frívolas, lo cual representa un obstáculo a la libertad de expresión.

La Embajadora de Reino Unido en México, Corín Robertson explicó que los Estados deben construir las políticas idóneas que reduzcan la criminalización y estigmatización en el ejercicio del periodismo y defensa de los DH, pues señala que los Gobiernos son los principales responsables de terminar con el ciclo de violencia. Afirma que la democracia, el estado de derecho y la libertad de expresión no significan nada, a menos que existan periodistas y defensores que puedan hacer rendir cuentas a los poderosos.

Informó que en colaboración con México, el gobierno de Reino Unido impulsa programas de prevención y apoyó a 20 entidades de la República Mexicana con capacitación, además que acompañó nueve proyectos de diagnóstico sobre prevención de violencia en contra de esas profesiones.

El informe evidencia la multiplicidad de leyes con enfoques reactivos; la diversidad de normatividades estatales de protección en 15 estados de la República. Éstas contrastan con estándares internacionales firmados por México, ya que cuentan con una visión limitada del problema.

Resultado del análisis se demuestra la falta de protección y canales de coordinación institucional y Federal, con los distintos niveles de Gobierno y los Poderes de la Unión. También, acusa falta transparencia; acceso a la información; sanción a funcionarios; y perspectiva de género.

En las recomendaciones, se propone generar un sistema nacional de protección, que posibilite la debida coordinación y distribución de competencias en los tres niveles de gobierno, así como de los tres Poderes, encaminadas a la creación de un Sistema Nacional de Protección.