Por: Redacción

Ante la falta de capacidad del Gobierno Federal de crear trabajos bien remunerados, la Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Silvia Garza Galván, pidió revisar las condiciones laborales de los trabajadores dedicados a despachar gasolina no sólo en la Ciudad de México sino en todo el país.

La senadora del PAN dijo que estos trabajadores laboran en un lugar de alto riesgo, sin las prestaciones laborales básicas como son el sueldo base, aguinaldo, seguridad social, capacitación y en donde inclusive tienen que pagar derecho de piso para trabajar; esto es, pagar al franquiciatario una cantidad para que los dejen despachar gasolina.

Esta cantidad de dinero, precisó, va desde los cincuenta hasta los cien pesos para poder trabajar en una máquina despachadora de la gasolinera, además de que el precio varía si la máquina se encuentra adelante o atrás de la estación, ya que las primeras son más cotizadas.

Garza Galván abundó que el accidente dichos empleados no cuentan con seguridad social que les permita acceder a los servicios públicos de salud brindados por el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), aún y cuando realizan actividades de alto riesgo al manipular una sustancia de alta peligrosidad como lo es la gasolina, así como el hecho de atender vehículos motorizados. Igualmente, son sujetos de múltiples asaltos y por lo mismo pueden recibir lesiones.

“No es posible que el gobierno federal, así como los locales no se hagan responsables de la seguridad de sus trabajadores sobre todo cuando manejan dinero a la vista, tal fue el caso del despachador que perdió la vida en una gasolinera de la delegación Tláhuac de la CDMX”, puntualizó.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía al mes de julio bajo la Tasa de Desocupación Laboral, sin embargo la tasa de informalidad laboral subió a 57.1 de la población ocupada; es decir, 5.7 personas de cada 10 trabajan en la informalidad, lo que ha ocasionado que se incremente el número de personas que se emplean como despachadores de gasolina.

“Hay que destacar que el espíritu de la Reforma Energética era para generar empleos dignos, y está pasando todo lo contrario con gente que trabaja en los dispendios de gasolinas, habrá que hacer una revisión profunda porque está nueva esclavitud moderna se ve reflejada, y no vamos a seguir permitiendo que se violen sus derechos”, puntualizó Garza Galván.

La senadora panista explicó que las autoridades establecen que para el otorgamiento de las franquicias, se señala que los franquiciatarios deben cumplir con las leyes federales y locales laborales, cuestión que como ha quedado señalado no siempre sucede.

La Secretaria de la la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Silvia Garza Galván explicó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social únicamente puede verificar las condiciones de capacitación y adiestramiento y de seguridad e higiene, pero las dependencias homologas a nivel local si pueden revisar cuidar el resto de las condiciones laborales de estos trabajadores.