Por: Redacción/

Los medios públicos de comunicación colectiva constituyen el principal recurso estructural de cambio con que cuenta la sociedad en México, subraya el doctor Javier Esteinou Madrid, investigador de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El académico explica que frente a las transformaciones en el mapa político del país derivadas del proceso electoral de julio de 2018 es primordial rescatar la misión estratégica de esos espacios, con el fin de reequilibrar la desproporción sistémica y sin contrapesos efectivos que han vivido las comunidades nacionales en las últimas décadas.

En el artículo Los medios de comunicación públicos y la construcción del nuevo proyecto de nación, publicado en el número 214 de El cotidiano, editada por la Unidad Azcapotzalco de esta casa de estudios, el docente expone que este proyecto plantea diversos ejes en su modelo de desarrollo: el político, económico, cultural y de la información.

“Los medios de difusión masivos son el sistema nervioso central del funcionamiento cotidiano de la sociedad en el siglo XXI”, así como los instrumentos más eficientes para lograr la transformación colectiva en grandes dimensiones de las percepciones, los imaginarios, los pensamientos, la conciencia y las emociones de la sociedad”, abunda.

Sin embargo, en el esquema de comunicación social del país, los medios de difusión privados comerciales no tienen la vocación institucional para realizar una reforma integral, pues su objetivo es funcionar como industrias lucrativas y no para el desarrollo social.

También señala que durante las últimas cuatro décadas el gobierno mexicano descuidó la misión cultural medular que le corresponde ejercer a los medios de comunicación del Estado y fortaleció´ desmedidamente al modelo privado de difusión comercial.

El conjunto de estas realidades condicionantes limitó severamente el desarrollo de los sistemas públicos en México, aunado al fortalecimiento del tradicional modelo desigual de información nacional.

Ante este panorama la Reforma Constitucional de las Telecomunicaciones, la Radiodifusión y la Competencia Económica, publicada el 11 de junio de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, sentó´ las bases para crear otro modelo de comunicación colectivo más justo y equilibrado para el país, a través de las industrias culturales electrónicas.

Esteinou Madrid apunta que dicha legislación introdujo diversas concepciones y normatividades fundacionales para superar el viejo prototipo de difusión masiva, e incorporó nuevas bases jurídicas de gran trascendencia para alcanzar algunas de las garantías comunicativas.

Por ejemplo, el Artículo 10° Transitorio de esa Reforma Constitucional, en el que se subraya que los medios públicos que presten el servicio de radiodifusión deben contar con independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y la rendición de cuentas, entre otros.

“En términos generales, el corazón del decreto constitucional contó con importantes conquistas estratégicas con las cuales el Congreso de la Unión logró destrabar una realidad comunicativa fundamental para edificar otro prototipo de canales de difusión de servicio público que contribuya a crear otra conciencia colectiva para lograr un crecimiento más equilibrado del país”.

El académico explica que para construir un sólido proyecto de nación en México se debe fortalecer a los medios públicos, por las contribuciones culturales que aportan para el proceso de formación de ciudadanía y de identidad nacional, la maduración del Estado, la gobernabilidad de la República y la sobrevivencia colectiva.

“Consecuentemente, el principal recurso estructural con el que cuenta el nuevo gobierno para efectuar su revolución ético-moral-cultural de las distintas esferas de conciencia de la sociedad para crear el nuevo proyecto de nación no son los medios comerciales privados, sino los públicos”.

Además de reconocer el derecho humano a la comunicación y a las audiencias como sujetos de derecho, apunta que el Estado debe fondear ampliamente los medios públicos, propiciar la libertad, la pluralidad, la independencia y el debate para crear ciudadanía, fomentar el pensamiento crítico y la inclusión social.