Por: Yosseline Arredondo/

Urge Monreal creación de convención binacional entre México y E.U para la repartición del patrimonio de “El Chapo” Guzmán

El coordinador de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, informó que establecerá comunicaciones con la Cancillería y el Gobierno Federal para preparar la defensa jurídica por “la reclamación justa sobre el dinero del patrimonio decomisado” de Joaquín Guzmán Loera que asciende a más de 12 mil millones de dólares por el tráfico de drogas.

En conferencia de prensa, el legislador por Morena urgió la creación de una convención binacional entre México y Estados Unidos para negociar la repartición de los recursos, pues señaló que el Gobierno Norteamericano cuenta con la información y la capacidad técnica para rastrear el paradero de los 12 o 14 mil millones de dólares a los que ascienden los bienes de Guzmán Loera.

Explicó que las actividades ilícitas de “El Chapo” Guzmán trascienden a un carácter transnacional, y aunque en los distintos mecanismos de cooperación vigentes, en los que México y Estados Unidos son parte, existe cierto grado de claridad en el procedimiento de cooperación entre estados para decomisar bienes y recursos de procedencia ilícita por el trafico de drogas, no particularizan en determinar que naciones deben adjudicarse dichos bienes.

Sin embargo, detalló que las Convenciones de las Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de la Convención de Viena y obre Delincuencia Organizada Transnacional, así como el reglamento del modelo de la Organización de los Estados Americanos sobre delitos de lavado relacionados con el tráfico de drogas y otros delitos graves establecen que cuando hay este tipo de delitos los estados miembros podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos para repartirse el producto del delito.

“No se sabe con exactitud donde está la cuantiosa fortuna, por lo que es importante crear con urgencia la convención nacional y no suceda lo que tantas veces ha sucedido, que México no reclama ningún derecho sobre los recursos decomisados producto de actividades ilícitas como trafico de drogas, lavado de dinero o delincuencia organizada”.

Puntualizó que las actividades delictivas desarrolladas durante años por Joaquín Guzmán Loera afectaron a millones de personas en México, “aunque también reconocemos en Estados Unidos, por lo que contar con recursos para litigar el impacto de las actividades criminales en ambos países es un acto de defensa a los derechos humanos de la población en ambos países”.