Por: Redacción

El coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, hizo un llamado a los presidentes de las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia para que convoquen a reunión, a fin de discutir la minuta que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Se trata de un proyecto de ley largamente demorado y recordó que desde hace mucho tiempo el gobierno lo ha mantenido congelado, cuando es evidente la urgencia de atacar el grave problema de la tortura, indicó en un comunicado el líder parlamentario.

A nombre de su grupo parlamentario solicitó a las comisiones dictaminadoras correspondientes reunirse de inmediato, con el propósito de recibir los comentarios de cada uno de las bancadas para comenzar la revisión de este tema.

El líder oaxaqueño apuntó que la minuta enviada por el Senado tiene como objetivo establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para prevenir, investigar, juzgar y sancionar el delito de tortura y el de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Detalló que es necesario aprobar ya un marco jurídico integral, porque de acuerdo con cifras oficiales actualmente el 64 por ciento de los habitantes del país aseguran no sentirse a salvo de la tortura. “Tristemente la ciudadanía piensa que en cualquier momento puede ser víctima de estas prácticas”.

Martínez Neri coincidió con la diputada perredista María Concepción Valdés Ramírez, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, en la urgencia de que la comisiones relacionadas con el tema se reúnan a la brevedad para desahogar este tema, “porque es necesario revertir la impunidad y garantizar la reparación integral de las víctimas”.

El legislador apuntó que se trata de un asunto trascendental para todos los que viven en México. “En 2014 hubo más de dos mil 400 denuncias de tortura, el doble que en 2013. Vemos con preocupación que el gobierno no tiene prisa por suscribir que la tortura es un delito y una violación grave a las garantías individuales”.

Agregó que los torturadores deben ser castigados, “es una demanda ciudadana, de lo contrario será una promesa más sobre el papel para las miles de personas que han sido víctimas de la tortura en México y lo más grave es que la impunidad continuará en el país”.