Por: Redacción/

Ante la complejidad y el uso de tecnología avanzada en las operaciones de procedencia ilícita, es necesario que la legislación sea “dinámica” y la fiscalización e investigación de este tipo de delitos reditúe en un combate más eficaz, reconoció la secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Minerva Hernández Ramos.

Al participar en el Foro “Flujos Financieros Ilícitos, Retos para enfrentar la Delincuencia Organizada”, que llevó a cabo el Instituto Belisario Domínguez, la legisladora tlaxcalteca destacó que México ha avanzado en la consolidación y fortalecimiento del marco jurídico para controlar el flujo de dinero proveniente de actividades delincuenciales, sin embargo persiste la impunidad.

De acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgo elaborada por la Secretaría de Hacienda, los principales delitos determinantes que generan fondos ilegales son: el tráfico de drogas, la corrupción y la evasión fiscal, indicó.

Además, dijo, el informe de Evaluación Mutua realizado en enero de 2018 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señala que podrían estar ingresando a México grandes cantidades, producto del delito generado en jurisdicciones extranjeras a través de transferencias electrónicas internacionales en efectivo.

La ineficacia en las investigaciones y fiscalización de este tipo ilícitos se traduce, indirectamente, en una nula rendición de cuentas, opacidad en las cifras y una alarmante situación de impunidad que enfrenta la sociedad, apuntó.

Además, añadió, se afecta de manera severa la economía del país, ya que estos recursos no pueden fiscalizarse, no pueden formar parte de la cadena productiva de valor y mucho menos, contribuir al gasto público.

La legisladora recordó que, a nombre propio y de sus compañeros de bancada, presentó dos paquetes de iniciativas relacionadas con el combate al lavado de dinero.

En el primero, plantean cambios a las leyes Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, General del Sistema de Seguridad Pública y del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, apuntó.

A través de los proyectos de decreto se busca que la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda, cuente con autonomía técnica y de gestión, y se encuentre a cargo del análisis, la prevención y el combate de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, resaltó.

“El segundo paquete de inciativas busca fortalecer el sistema de combate al lavado de dinero y corregir las deficiencias que tienen los procedimientos que desarrollan quienes realizan actividades vulnerables mediante la intervención de un auditor externo que evalúe e informe a la autoridad sobre el cumplimiento por parte de los sujetos obligados”, señaló.

Un marco regulatorio en constante actualización permitiría reducir la presencia del lavado de dinero y generaría un impulso a la economía, concluyó Hernández Ramos.

Por lo que indicó que de aprobar su propuesta los recursos autogenerados por estas instituciones sólo registrarán para efectos comprobatorios de la Cuenta Pública Federal y éstos podrán tener control inmediato de sus recursos.