Por: Redacción/

Es necesario que autoridades y organizaciones de la sociedad civil trabajen conjuntamente en la generación y práctica de políticas públicas para proteger a niñas, niños y adolescentes (NNA) en condición migratoria, para evitar que sean víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, como ocurrió en el caso de una adolescente hondureña, el cual dio origen a la Recomendación 12/2018, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Así lo expresaron los participantes del Conversatorio “El interés superior de las niñas y las adolescentes en contexto de migración con motivo de la Recomendación 12/2018”, efectuado en el Centro Nacional de los Derechos Humanos, donde enfatizaron la situación de vulnerabilidad en que están las NNA en contexto de migración que transitan por nuestro país, y manifestaron la urgencia de que todos los sectores involucrados realicen labores coordinadas para proteger su integridad.

Edgar Corzo Sosa, Quinto Visitador General de la CNDH, quien moderó el conversatorio, destacó la importancia de las diversas Recomendaciones emitidas por este Organismo Nacional en materia de niñez y adolescencia migrante, toda vez que permiten visibilizar la problemática que enfrenta este grupo en situación de vulnerabilidad y constituyen un llamado a los tres órdenes de gobierno para fortalecer las acciones de protección.

Recordó que la Recomendación 12/2018 fue emitida en mayo pasado a diversas autoridades por violaciones a los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, protección a la salud e interés superior de la niñez, así como por las omisiones en la protección de una adolescente hondureña detenida en el estado de Guanajuato en 2016, quien permaneció en recintos migratorios y fue hasta la intervención de este Organismo Nacional que se le permitió acudir a presentar su denuncia por haber sido víctima de violación sexual, y posteriormente fue canalizada a un Centro de Asistencia Social.

Ante ello, dijo, que el año pasado las autoridades migratorias de nuestro país detuvieron a 18,066 niñas, niños y adolescentes migrantes en territorio nacional, mientras que de enero a junio de 2018 se han contabilizado 14,388 NNA en esa situación.

En su oportunidad, Mónica González Contró, Abogada General de la UNAM e integrante del Consejo Consultivo de la CNDH, destacó que la fuerza de las recomendaciones emitidas por los organismos públicos de derechos humanos radica en generar debate y visibilizar las omisiones de las autoridades, por lo cual es indispensable generar políticas públicas para atender la situación de indefensión que padecen los migrantes.

Tras indicar que de 54 millones de personas que integran la población migrante en el norte del Continente Americano, 15% son niñas, niños y adolescentes, José de Jesús Orozco Henríquez, investigador de la UNAM y también integrante del Consejo Consultivo de la CNDH, señaló que se les debe otorgar mayor protección del Estado, toda vez que los abusos en su contra tienen efectos mucho más graves por su edad y porque en ocasiones viajan sin el acompañamiento de algún familiar.

Expresó que la Recomendación de la CNDH en este caso cumple con los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, al denunciar las violaciones a derechos humanos que sufrió la adolescente por autoridades mexicanas, ante lo cual es necesario que se garantice su acceso a la justicia y a la reparación del daño.

Denise Velásquez Galarza, integrante de la Organización Internacional para las Migraciones, agregó que uno de los retos fundamentales en este tema es definir garantías de no repetición, que se concluyan los procesos administrativos y penales para determinar la responsabilidad de las autoridades involucradas en el caso, así como analizar el papel que desempeñan las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, quienes entre sus facultades se encuentra la representación jurídica de las NNA.

En su participación, Ileana Ruvalcaba López, integrante del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, señaló que con frecuencia niñas, niños y adolescentes son ingresados a las estaciones migratorias donde no se les proporciona información acerca de sus derechos fundamentales, por lo que se debe capacitar al personal para generar estrategias y atender los casos de manera integral y condiciones propicias para que puedan denunciar cualquier abuso.

Finalmente, Carlos Manzo, Director General de Relaciones Interinstitucionales y de Políticas de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, mencionó que a partir de la promulgación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el trabajo de las procuradurías sustituyó el modelo de atención asistencialista por uno que considera a quienes integran esa población sujetos de derechos, además de que se diseñó una Guía para atender dichos casos y que en próximos días presentarán el Protocolo de Actuación de la Procuraduría Federal para la determinación del interés superior de la niñez.