Por: Redacción

La diputada Karina Barón Ortiz (PRD), presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento al Programa Especial Concurrente, se pronunció por que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y los gobiernos estatales distribuyan oportunamente los apoyos económicos para los productores del sector agropecuario y pesquero, y romper así con el círculo vicioso en la entrega de subsidios.

Al impulsar un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, la legisladora por Oaxaca sostuvo que “no se justifica que por ineficiencia de la burocracia estatal o por interés político- electoral se retrase la distribución de los 84 mil 800 millones de pesos que etiquetó la Cámara de Diputados para los programas de la Sagarpa en el Presupuesto 2016”.

También, la entrega de 3 mil 271 millones de pesos del Programa Especial Concurrente con las entidades federativas, ya que “no se han radicado en las cuentas de los fideicomisos estatales por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con lo cual se justifican los gobiernos estatales para no asignar los apoyos al productor”, explicó la legisladora.

Esos recursos financieros son fundamentales para impactar positivamente la producción agrícola, ganadera y pesquera nacional, pero aún no se reflejan en las parcelas, con el riesgo de afectar gravemente la economía de las familias campesinas.

Afirmó que una de las peores prácticas de las administraciones locales y federal, es el desfase en la adjudicación de subsidios a los pequeños productores, que representan el 85 por ciento del total, lo que provoca incertidumbre y malestar en los agricultores y ganaderos, porque no aprovechan el inicio del período de lluvias de la temporada primavera-verano, lapso propicio para preparar las tierras y sembrar los diversos cultivos anuales.

Al perder esa oportunidad, continuó, no logran utilizar los insumos de manera eficiente, se reduce la producción, se encarecen los créditos, disminuye el rendimiento por hectárea y merma en general la economía de los productores.

Refirió que el presupuesto federal y su ejercicio a tiempo son el instrumento estratégico más importante que tiene la administración estatal para lograr las metas de producción y avanzar hacia la soberanía alimentaria, fomentar el desarrollo sustentable y la competitividad en el campo.

Sin embargo, la “no entrega de manera pertinente y oportuna de los subsidios, no sólo implica una irregularidad administrativa en el ejercicio del gasto programable, sino tirar por la borda recursos públicos escasos, afectando a los que menos tienen, y sabotear los objetivos y las metas de los planes y programas gubernamentales”, apuntó.

Barón Ortiz aseguró que aún no se entregan los apoyos oficiales para los campesinos, con diversas justificaciones y pretextos, ya que la burocracia estatal le da largas a las gestiones de los productores y sus organizaciones, reteniendo recursos que son urgentes para la adquisición de insumos e iniciar las labores del ciclo agrícola.

Urgió a acabar con el círculo vicioso de entregar los apoyos al final del año agrícola –octubre o noviembre- cuando el período de lluvias está por concluir y no se aprovecharon sus ventajas para asegurar una producción alimentaria que satisfaga la demanda nacional.

Por ello, se han vuelto crónicas las importaciones de granos básicos y de oleaginosas, más allá de los buenos deseos del Plan Nacional de Desarrollo de garantizar la seguridad alimentaria con un 75 por ciento de producción nacional o mantener una balanza comercial agropecuaria favorable, debido a la exportación de tomates, chiles y aguacates.

La realidad es que prosigue un fuerte déficit de producción nacional al importar 10 millones de toneladas anuales de maíz; 3.5 millones de toneladas de trigo harinero; 130 mil toneladas de frijol; 900 mil toneladas de arroz pala y 3.5 millones de toneladas de soya, además de la fuerte importación de carnes y leche, entre otros productos agropecuarios, detalló.